La verdadera prueba comienza ahora: hacer realidad la fiscalización parlamentaria

La aprobación de la Ley Orgánica de Fiscalización y Control del Congreso Nacional No. 84-25, constituye uno de los avances institucionales más importantes experimentados por el derecho parlamentario dominicano en los últimos años. Sin embargo, conviene recordar una verdad que la historia del constitucionalismo ha demostrado una y otra vez: las democracias no mejoran únicamente porque aprueben buenas leyes. Mejoran cuando esas leyes logran transformar la forma en que funcionan las instituciones.

Hoy el Congreso Nacional dispone de un marco jurídico moderno para ejercer una de las funciones que la Constitución le atribuye con mayor claridad: controlar el ejercicio del poder público. Durante años discutimos la necesidad de contar con una legislación que organizara de manera sistemática la fiscalización parlamentaria, definiera sus procedimientos y fortaleciera la rendición de cuentas. Ese debate ha quedado atrás. La ley ya existe. La verdadera prueba comienza ahora.

El desafío consiste en ponerla plenamente en ejecución.

Sería un error pensar que la sola promulgación de una ley modifica automáticamente la realidad institucional. Ninguna norma produce por sí misma una cultura democrática. La Ley Orgánica de Fiscalización y Control ofrece herramientas; corresponde ahora al Congreso Nacional utilizarlas con inteligencia, objetividad y sentido de Estado. La diferencia entre una buena ley y una gran reforma institucional radica precisamente en la voluntad de hacerla vivir todos los días.

Existe una idea profundamente equivocada que todavía persiste en muchas democracias: creer que la función de control del Congreso existe para dificultar la labor del Gobierno. Nada resulta más distante de la esencia del constitucionalismo moderno. La fiscalización parlamentaria no nació para paralizar la administración pública ni para alimentar la confrontación política. Nació para proteger la democracia.

Las primeras asambleas representativas de la historia no surgieron para hacer leyes. Surgieron porque las comunidades comenzaron a exigir explicaciones a quienes administraban los recursos que pertenecían a todos. Antes de legislar, el Parlamento preguntó. Antes de gobernar, el poder tuvo que rendir cuentas. Desde entonces, controlar el ejercicio del poder dejó de ser una manifestación de desconfianza y se convirtió en una condición indispensable de la libertad.

Montesquieu comprendió que ningún hombre, por virtuoso que fuera, debía ejercer un poder sin límites. James Madison fue aún más lejos al advertir que el verdadero problema no consistía en elegir buenos gobernantes, sino en construir instituciones capaces de controlar incluso a los buenos gobernantes. Esa es la diferencia entre una democracia basada en las personas y una democracia basada en las instituciones. Las primeras dependen del carácter de quienes gobiernan; las segundas descansan sobre reglas que sobreviven a los gobiernos.

La Constitución dominicana recoge esa tradición al atribuir al Congreso Nacional la función de legislar, representar y fiscalizar. Estas competencias no compiten entre sí; se complementan. Un Parlamento que aprueba leyes pero renuncia al control deja incompleto el mandato que la Constitución le confiere. Del mismo modo, un Congreso que fiscaliza sin objetividad o sin respeto al debido proceso también traiciona el sentido constitucional de esa función. El control democrático exige firmeza, pero también prudencia; independencia, pero igualmente responsabilidad.

Con frecuencia reducimos la fiscalización a sus expresiones más visibles: interpelaciones, investigaciones o juicios políticos. Sin embargo, esa visión resulta limitada. El control comienza mucho antes. Empieza cuando el Congreso solicita información, analiza la ejecución presupuestaria, examina los informes de la Cámara de Cuentas, evalúa políticas públicas y verifica si los recursos del Estado están produciendo los resultados que justificaron su aprobación. Su finalidad no consiste únicamente en descubrir irregularidades. Consiste, sobre todo, en ayudar a que el Estado funcione mejor.

Ahora que la ley está vigente, el Congreso tiene la oportunidad de dar un paso que considero trascendental: convertir la fiscalización en una función permanente y no en una reacción frente a las crisis. Ello implica fortalecer las comisiones legislativas, desarrollar plenamente la Oficina de Análisis, Seguimiento y Evaluación Presupuestaria, dar seguimiento sistemático a los informes de la Cámara de Cuentas y evaluar las políticas públicas con el mismo rigor con que se aprueban los presupuestos que las financian. La Ley ya nos ofrece esas herramientas. El desafío consiste en utilizarlas de manera continua y no únicamente cuando la coyuntura política lo exija.

Las democracias más sólidas del mundo entendieron hace tiempo que la fiscalización más útil es aquella que logra corregir problemas antes de que se conviertan en escándalos. El Parlamento británico, el Congreso de los Estados Unidos o el Bundestag alemán dedican buena parte de su trabajo a evaluar permanentemente la gestión pública, formular recomendaciones y dar seguimiento a su cumplimiento. La investigación extraordinaria representa la excepción; el seguimiento institucional constituye la regla.

La República Dominicana tiene hoy la oportunidad de avanzar hacia ese modelo. No se trata de controlar más; se trata de controlar mejor. No se trata de confrontar más; se trata de construir instituciones más transparentes, más responsables y más eficaces.

Quizá la mayor enseñanza del constitucionalismo sea precisamente esta: la calidad de una democracia no se mide únicamente por la libertad con que sus ciudadanos eligen a sus gobernantes. También se mide por la existencia de instituciones capaces de recordar, todos los días, que ninguna autoridad pública queda dispensada de explicar cómo ejerce el poder que la sociedad le ha confiado.

La Ley Orgánica de Fiscalización y Control ya forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. Ahora corresponde hacer que forme parte de nuestra cultura institucional. Ese será, probablemente, el verdadero legado de esta reforma. Porque las leyes adquieren su auténtico valor no el día en que se promulgan, sino el día en que comienzan a transformar la realidad para la cual fueron creadas.

Rafael Barón Duluc