Monorriel de Santo Domingo: la decisión que no resistió la prueba de robustez

La auditoría técnica del análisis multicriterio utilizado para seleccionar la tecnología del Monorriel de Santo Domingo se ha realizado exclusivamente sobre la documentación oficial suministrada por el Ministerio de Hacienda a requerimiento del ingeniero Mariano Germán, en el marco del recurso interpuesto ante la Dirección General de Contrataciones Públicas por alegadas malas prácticas en el procedimiento de planificación y contratación del proyecto. El objetivo nunca ha sido elaborar una nueva matriz para sustituir la decisión de la Administración, sino comprobar si la metodología utilizada en 2025 conserva su solidez cuando se somete a una revisión independiente.

En cualquier análisis multicriterio existen dos preguntas muy diferentes. La primera consiste en saber cuál es la tecnología que obtiene la mayor puntuación. La segunda, mucho más importante, es determinar si esa clasificación permanece estable cuando se revisan las hipótesis empleadas y se someten a prueba los criterios utilizados para comparar las distintas alternativas. En la literatura especializada sobre análisis de decisiones, desde Ralph Keeney y Howard Raiffa hasta Bernard Roy, esta comprobación constituye una de las garantías fundamentales de la calidad metodológica: una decisión robusta no debería depender de supuestos especialmente favorables ni de la forma concreta en que se hayan ponderado los distintos criterios.

El análisis oficial comparó cuatro alternativas —monorriel, metro, tren de cercanías y tram-tren— utilizando cinco grandes criterios: capacidad, costos, operatividad, inserción urbana y medio ambiente. En otro artículo de esta serie abordé únicamente la cuestión de la capacidad y la hipótesis de explotación con intervalos de noventa segundos entre trenes. La auditoría, sin embargo, fue mucho más allá y examinó también el resto de los componentes de la matriz.

Uno de los aspectos revisados fue la comparación de los costos. La documentación oficial asigna puntuaciones a partir de la inversión inicial y de los costos anuales de operación, pero no desarrolla un análisis homogéneo del costo del ciclo de vida. Una infraestructura ferroviaria no termina cuando concluye su construcción. Durante cuarenta o cincuenta años deberán afrontarse reposiciones de material rodante, renovación de sistemas de señalización, mantenimiento mayor, ampliaciones de capacidad, adaptación de estaciones, modernización tecnológica y otras inversiones imprescindibles para mantener el servicio. La auditoría no concluye que el monorriel sea más costoso que el metro; concluye algo distinto: que la documentación disponible no acredita de forma suficiente una ventaja económica integral basada en el costo total del ciclo de vida.

También fueron revisados los criterios de operatividad. La auditoría detecta que determinadas ventajas atribuidas al monorriel proceden de comparar una configuración tecnológica completamente desarrollada —con automatización y sistemas de control específicos— frente a alternativas descritas con un menor nivel de detalle. Cuando la comparación se realiza sobre configuraciones equivalentes, varias de esas diferencias desaparecen y las puntuaciones tienden a aproximarse. La cuestión no consiste en negar las prestaciones del monorriel, sino en garantizar que todas las tecnologías sean evaluadas bajo condiciones homogéneas.

Algo parecido ocurre con los criterios de inserción urbana y medio ambiente. Ambos incorporan valoraciones que, en numerosos casos, descansan sobre apreciaciones cualitativas difíciles de reproducir mediante indicadores objetivos y comparables. La auditoría no sustituye esas valoraciones por otras distintas, sino que analiza cómo cambia el resultado cuando se neutralizan aquellas diferencias cuya justificación documental no puede reconstruirse de manera suficiente.

Pero el aspecto más interesante de toda la investigación aparece al final del proceso. Una vez auditados los distintos criterios, el análisis no se detiene en una única matriz alternativa. Se somete el resultado a una auténtica prueba de resistencia. Para ello se construyen treinta y seis escenarios diferentes combinando tres variables especialmente relevantes: cuatro hipótesis distintas sobre el intervalo entre trenes del monorriel, tres niveles de demanda y tres ponderaciones diferentes del criterio de capacidad. En total, treinta y seis combinaciones independientes destinadas a comprobar si el resultado inicial conserva su estabilidad.

El resultado merece ser destacado. En ninguno de esos treinta y seis escenarios el monorriel recupera el primer lugar. Incluso bajo la hipótesis más favorable considerada para esta tecnología, el metro mantiene la primera posición. Conviene interpretar correctamente este hallazgo. No significa que el metro sea necesariamente la solución óptima para Santo Domingo. Una auditoría no sustituye un nuevo estudio integral de alternativas. Lo que sí demuestra es que la ventaja inicialmente atribuida al monorriel no presenta la robustez metodológica que cabría exigir a una decisión tecnológica de esta magnitud.

Esta conclusión resulta especialmente relevante porque el análisis multicriterio constituye uno de los principales fundamentos técnicos sobre los que posteriormente se apoyan la planificación, la contratación y la ejecución del proyecto. Cuando una decisión compromete decenas de miles de millones de pesos de inversión pública y condiciona durante varias décadas el sistema de transporte de una ciudad, no basta con que una alternativa aparezca en primer lugar en una matriz. Es necesario demostrar que seguirá ocupando esa posición cuando el modelo sea examinado con el mismo rigor con el que se auditan los estados financieros, las estructuras o los procedimientos administrativos.

La principal aportación de esta auditoría no consiste en sustituir una tecnología por otra. Consiste en recordar un principio básico de la buena administración: las decisiones públicas deben ser transparentes, reproducibles y, sobre todo, robustas. Si una conclusión cambia al revisar hipótesis razonables o pierde consistencia cuando se analizan con mayor profundidad los criterios utilizados, corresponde a las instituciones explicar por qué consideran que la decisión inicial sigue siendo la más adecuada. En proyectos de esta dimensión, la confianza pública no se construye sobre afirmaciones, sino sobre la solidez de las evidencias que las sustentan.

Carlos Bonnelly Ginebra

Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, consultor en Economía del Transporte y Proyectos de Asociación Público-Privada. Es autor del Manual de Gestión y Financiación Privada de Infraestructuras y Servicios Públicos: un enfoque práctico para la República Dominicana.