Rafael Paz
La capitalización: lo que dice la evidencia
El consenso político más allá de ideologías
Los países también construyen mitos sobre su historia. Algunos ayudan a comprenderla. Otros terminan ocultándola. La capitalización de las empresas públicas dominicanas quizá sea uno de ellos.
Durante casi treinta años la hemos discutido como si hubiera sido la decisión aislada de un presidente.
Nunca lo fue.
Fue parte del ciclo de reformas que redefinió la República Dominicana: Código de Trabajo, Código Tributario, apertura económica, modernización financiera, reforma de la empresa pública y, posteriormente, transformación eléctrica, seguridad social y Código Monetario y Financiero.
Todas respondían al mismo diagnóstico: el modelo anterior se había agotado.
El Estado que recibió la reforma
¿Qué debía hacer un gobierno que encontraba un tercio de sus empresas públicas cerradas y más del 80 % del resto técnicamente quebradas?
Ese fue el Estado que recibió Leonel Fernández en 1996.
Cementos Colón, TEJANCA o Atlas Comercial, hoy citadas como símbolos del supuesto desmantelamiento estatal, habían dejado de operar antes de la Ley 141-97.
No era un Estado administrando empresas exitosas. Administraba el fracaso acumulado de varias décadas.
Quizá hemos discutido durante treinta años la solución sin mirar primero el problema.
Cuando el consenso deja de ser ideología
Ese diagnóstico produjo un amplio consenso político.
Balaguer había impulsado asociaciones público-privadas, como la Refinería Dominicana de Petróleo. Bosch defendió que el Estado dejara de administrar empresas comerciales. En 1996, PRSC, PRD y PLD coincidían en reformar la empresa pública. Peña Gómez impulsó desde un Congreso dominado por el PRD y el PRSC la agenda que completó la reforma eléctrica. Leonel Fernández ejecutó una parte decisiva del proceso.
Tres líderes. Tres partidos. Una misma dirección.
No porque compartieran una ideología. Porque compartían un diagnóstico.
La Ley 141-97 creó además la CREP, presidida por Antonio Isa Conde, para conducir auditorías, avalúos y licitaciones públicas internacionales.
No fue diseñada para depender de una persona, sino de reglas.
Cuando el desenlace se confunde con el origen
Entre 1982 y 1987, la cuota azucarera dominicana en Estados Unidos cayó más de 70 %. Cuando llegó la capitalización, la crisis ya estaba instalada y el Estado llevaba años cubriendo enormes déficits.
No es lo mismo destruir una industria que administrar un colapso iniciado años antes.
Entre 2005 y 2023, las empresas surgidas de la capitalización transfirieron al Estado 42,280 millones de pesos; en 2024, otros 2,463.8 millones de pesos.
Lejos de desaparecer, varias aumentaron dramáticamente su valor: la participación estatal en EGE Haina creció cerca de 260 % y la de Molinos del Ozama alrededor de 627 %.
Tampoco desapareció todo el patrimonio físico: terrenos de TEJANCA albergan hoy el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este; parte de Cementos Colón forma parte del Metro; y activos liquidados fortalecieron Banreservas y otras instituciones.
Las consignas movilizan emociones. La evidencia conserva memoria.
La electricidad: dato contra relato
En 1996 la CDE acumulaba unos 9,000 millones de pesos de deuda, pérdidas superiores al 50 % y 1,375 megavatios instalados, de los cuales apenas producía 624.
Tres años después, la capacidad instalada superaba los 2,600 megavatios.
La generación dejó de ser el cuello de botella.
Después llegaron la crisis financiera de 2003, la politización tarifaria, las pérdidas y la necesidad de inversiones públicas como Punta Catalina.
Las grandes reformas no fracasan porque una etapa no resuelva todos los problemas. Fracasan cuando el país renuncia a completar las siguientes.
Cuando un país cambia de época
Las reformas de los noventa tuvieron errores y costos. Pero marcaron un punto de inflexión: aceleraron la inversión, transformaron la estructura productiva y abrieron un prolongado ciclo de crecimiento.
Ese resultado pertenece a una generación que entendió que el país no podía seguir administrando el agotamiento del modelo anterior.
La política busca encuadrar las reformas por las polémicas que provocaron.
Rafael PazEl autor es especialista en Gobernabilidad y Gestión Pública y fue Director de Competitividad de la República Dominicana.