Alcaldías sí, pero con competencias y recursos

Diario Libre publicó recientemente, en su columna De buena tinta, un comentario provocador titulado "Alcaldías no, oficinas de servicio sí".

Parte de una contradicción real: los ayuntamientos pueden ordenar el tránsito, pero tienen limitaciones para sancionar; administran el espacio público, pero encuentran obstáculos para establecer determinados arbitrios; tienen autonomía reconocida constitucionalmente, pero muchas de sus actuaciones chocan con competencias atribuidas a instituciones del Gobierno central.

Hasta ahí podemos coincidir. Donde discrepamos profundamente es en la solución.

Convertir las alcaldías en simples oficinas encargadas de recoger basura, podar árboles, reparar contenes, mantener parques y cambiar bombillos sería retroceder décadas en materia de descentralización. Más aún: sería caminar en dirección contraria a la Constitución.

El artículo 199 de nuestra Carta Magna reconoce al Distrito Nacional, los municipios y los distritos municipales como la base del sistema político-administrativo local y les garantiza autonomía presupuestaria y potestades normativas, administrativas y de uso de suelo.

Pero hay un mandato todavía más contundente. El artículo 204 establece: "El Estado propiciará la transferencia de competencias y recursos hacia los gobiernos locales".

La Constitución, por tanto, no ordena centralizar. Ordena descentralizar.

Las recientes decisiones del Tribunal Constitucional no eliminan ese principio.

En el caso de Moca, el Tribunal reconoció que los ayuntamientos tienen competencia para ordenar el tránsito y gestionar el espacio público. Lo que estableció fue que determinadas facultades sancionadoras, como inmovilizar, remolcar y retener vehículos en las circunstancias examinadas, corresponden al régimen establecido por la legislación nacional.

Ahí está precisamente el problema. ¿Puede exigírsele a un gobierno municipal que organice el tránsito de su ciudad si no dispone de todas las herramientas necesarias para hacer cumplir ese ordenamiento?

La respuesta no debería ser quitarle la competencia. Debería ser armonizar la legislación y definir claramente qué corresponde al Gobierno central y qué corresponde a los gobiernos locales.

Algo parecido ocurre con los distritos municipales. Que una junta distrital necesite autorización del concejo municipal para establecer determinados arbitrios, como establece la Ley 176-07, no significa que los distritos municipales carezcan de razón de ser. Significa que debemos revisar un modelo institucional que en ocasiones proclama autonomía mientras limita las herramientas necesarias para ejercerla.

Y todavía falta el componente fundamental: los recursos.

La Ley 166-03 estableció una participación de los gobiernos locales equivalente al 10 % de determinados ingresos del Estado. Sin embargo, durante años las asignaciones efectivas han permanecido muy por debajo de esa referencia legal.

Queremos mejores ayuntamientos, pero no les entregamos los recursos previstos.

Les exigimos limpieza, ordenamiento territorial, mercados, cementerios, parques, espacios públicos, calles, caminos, tránsito y múltiples servicios comunitarios; mientras importantes decisiones y recursos permanecen concentrados en el Gobierno central. Después cuestionamos su capacidad para resolver los problemas.

La discusión debería plantearse exactamente al revés. En vez de preguntarnos si debemos convertir las alcaldías en oficinas de servicios, preguntémonos: ¿Por qué, 16 años después de proclamada la Constitución de 2010, todavía no hemos cumplido plenamente el mandato de transferir competencias y recursos a los gobiernos locales?

Naturalmente, defender la autonomía municipal no significa defender ayuntamientos sin controles.

Necesitamos gobiernos locales transparentes, fiscalizados, profesionalizados y eficientes. Alcaldes y regidores deben rendir cuentas y responder por el uso de cada peso público.

Pero fiscalizar la autonomía es una cosa. Vaciarla de contenido es otra.

La República Dominicana no necesita que desde el Palacio Nacional o desde el Centro de los Héroes se decida cada problema de cada municipio.

Necesitamos un Gobierno nacional fuerte para resolver los grandes asuntos nacionales y gobiernos locales fuertes para resolver los problemas locales.

Por eso, frente a la provocadora pregunta de Diario Libre, nuestra respuesta también puede resumirse en pocas palabras:

Alcaldías sí.

Pero alcaldías con competencias claramente definidas. Alcaldías con recursos. Alcaldías transparentes y fiscalizadas. Y, sobre todo, alcaldías capaces de gobernar.

Porque fortalecer los gobiernos locales no debilita al Estado. Lo acerca a la gente.

Ignacio Ditrén