Robar la inocencia: uno de los peores males de la historia

La infancia y la adolescencia representan las etapas más determinantes del desarrollo humano. Sin embargo, en la República Dominicana los desgarradores reportes de maltrato, abuso físico, violencia sexual y negligencia institucional revelan una realidad ineludible: cientos de niños, niñas y adolescentes (NNA) crecen mientras sus derechos más fundamentales son vulnerados. Pero lo verdaderamente alarmante no es solo lo que llega a los tribunales o a las portadas de los periódicos, sino la inmensa sombra que oculta la verdad.

El peso de la «cifra negra»

En los ámbitos criminológico y social se conoce como «cifra negra» el volumen de delitos que nunca se denuncian ni quedan registrados en las estadísticas oficiales. En la República Dominicana, esta brecha es un abismo. Mientras las encuestas de organismos como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Oficina Nacional de Estadística (ONE) revelan que más del 63 % de los niños de 1 a 14 años sufren o han sufrido métodos de disciplina violenta —física o psicológica— en sus propios entornos, las denuncias formales representan apenas una fracción minúscula de la tragedia.

¿Cuántas agresiones sexuales y verbales, y cuántas situaciones de desamparo, quedan sepultadas por el miedo al agresor, la complicidad familiar, la normalización de la violencia o la desconfianza en el sistema de protección? Cada caso no registrado representa a un niño o una niña que sufre en el anonimato absoluto.

El principio extraviado y la falla institucional

¿Dónde hemos dejado el principio del interés superior del niño, consagrado en la Ley 136-03? Este marco legal establece con absoluta claridad la prioridad de la infancia en las decisiones de la sociedad y del Estado. Si contamos con normas explícitas y con organismos encargados de auditar, supervisar y fiscalizar a las asociaciones sin fines de lucro y a las instituciones gubernamentales, ¿cómo pueden justificarse las negligencias y violaciones sistemáticas dentro de espacios que deberían ser refugios seguros para la niñez vulnerable?

Cuando una persona menor de edad bajo tutela o supervisión estatal sufre daños o abusos, el sistema entero fracasa en su misión primordial. No enfrentamos una carencia de leyes, sino una alarmante debilidad de los mecanismos de monitoreo preventivo, una insuficiencia de personal especializado y niveles insostenibles de impunidad operativa. ¿Dónde están las manos llamadas a proteger a quienes carecen de voz para defenderse?

Tras dieciocho años de labor continua en el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, considero imperativo que hagamos una pausa. Como ciudadanos y parte fundamental de esta sociedad, debemos mirarnos al espejo y responder con total honestidad:

• ¿Hemos normalizado la violencia contra la niñez hasta el punto de considerarla un «asunto privado» o un «método de crianza»?
• ¿Qué valor real tiene una ley como la 136-03 si las instituciones responsables de aplicarla operan a menudo con burocracia, pasividad o lentitud reactiva?
• ¿Cuántos niños más deben sufrir en silencio o escapar de hogares y centros de acogida antes de que la protección infantil sea asumida como una verdadera prioridad de Estado?
• Y a las autoridades nacionales y a quienes toman las decisiones: ¿acaso estamos esperando nuevos hechos lamentables para intervenir, en lugar de actuar antes de que ocurra otra tragedia?

La neurobiología demuestra que el estrés tóxico durante la infancia altera el desarrollo cerebral y contribuye a perpetuar la violencia entre generaciones. Un país que ignora el trauma de su infancia compromete su propio futuro social y económico. La respuesta no puede seguir postergándose. Proteger a la niñez exige fiscalización rigurosa, presupuestos adecuados y sanciones ejemplares. Mañana será demasiado tarde para los miles de niños que hoy esperan una mano que los proteja.

Ante la realidad del sistema de protección y el debate actual sobre la situación de la infancia en el país, resulta indispensable abrir una reflexión seria sobre la niñez en riesgo en la República Dominicana. Especialistas, autoridades y organizaciones de la sociedad civil deben discutir las reformas que necesita el sistema y, sobre todo, convertir la urgencia de actuar en medidas concretas.

Conviene recordar, finalmente, una frase atribuida a Agatha Christie: «Una de las cosas más afortunadas que te pueden suceder en la vida es tener una infancia feliz». Garantizar esa posibilidad no debería ser un privilegio, sino una responsabilidad ineludible de la familia, la sociedad y el Estado.

Francis Williams

 El autor es terapeuta familiar.