Microcredenciales: la moneda que nadie respalda

Un billete de mil pesos no vale mil pesos por el papel. Vale porque existe una autoridad que lo emite, una regla que fija cuánto se imprime y un tercero capaz de verificar que no es falso. Quítele cualquiera de esas tres piezas y lo que queda es papel impreso con buenas intenciones.

Eso es, exactamente, lo que está ocurriendo con las microcredenciales en la educación superior dominicana.

Lo que ya está circulando

Desde 2023 varias universidades del país comenzaron a emitir microcredenciales e insignias digitales, sobre todo en turismo y tecnologías de la información. Hay módulos autogestionables de veinte horas en gestión de proyectos, sostenibilidad o seguridad ocupacional. Hay insignias verificables que el egresado publica en LinkedIn y que el empleador consulta con un clic.

Nada de eso es censurable. Responde a una demanda real de trabajadores adultos que no pueden congelar cuatro años de su vida para volver a un aula. El problema no es que se emita. El problema es que cada institución decide sola cuánto vale lo que emite, porque el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología no ha dicho una palabra sobre el asunto. No hay reglamento, no hay definición oficial, no hay criterios mínimos de evidencia. Una microcredencial dominicana puede acreditar un desempeño evaluado con rigor o la simple asistencia a un seminario, y ambas se ven idénticas en la pantalla.

El mapa de la región no nos favorece

Un informe del proyecto MOCHILA, financiado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea, revisó la normativa de diecisiete países de América Latina y el Caribe. El resultado es incómodo: apenas cuatro —Panamá, Ecuador, Puerto Rico y, con reservas, Colombia— cuentan con regulación plena y registros nacionales consultables. México y Chile avanzan con normas parciales. El resto opera sin legislación específica.

La República Dominicana está en ese resto. Y conviene decirlo sin eufemismos: no estamos ante una prohibición, estamos ante un silencio, que no es lo mismo pero se le parece bastante en sus efectos.

Emitir no es lo mismo que respaldar

Aquí está el nudo. Nuestras universidades ya dominan la parte técnica: plataformas, insignias, códigos de verificación. Lo que no existe en el país es la segunda mitad del sistema, la que convierte una emisión en una garantía. Ningún banco certifica su propia solvencia; ninguna universidad puede auditarse a sí misma y producir confianza.

Cuando falta ese respaldo ocurre lo mismo que con cualquier moneda sin control de emisión: la inflación. Si todas las credenciales afirman lo mismo y ninguna prueba nada, el empleador deja de mirar la credencial y vuelve a mirar el sello de la universidad que la firmó. La paradoja es cruel: un sistema sin reglas termina premiando el prestigio heredado que las microcredenciales prometían democratizar. El joven de Cotuí o de Nagua que invirtió tiempo y dinero en certificar una competencia descubre que su insignia pesa menos que el apellido institucional del de al lado.

El error de contar horas

Y aquí hay que ser más incómodos todavía, porque la trampa está en la respuesta fácil. Ante el vacío, la tentación natural es reglamentar con la herramienta que ya tenemos a mano: la hora-crédito. Traducir toda microcredencial a horas y darnos por satisfechos.

Sería repetir el error de origen. La hora-crédito mide cuánto tiempo estuvo alguien sentado, no qué es capaz de hacer cuando se levanta. Es tasar una moneda por el costo del papel en que se imprimió, en vez de por lo que compra. Un sistema que certifica permanencia no certifica competencia, y las microcredenciales nacieron precisamente para acreditar lo segundo. Someterlas a la métrica de lo primero es amputarles su única razón de ser.

La lección pendiente

Lo que el país debe construir no es una tabla de equivalencias en horas, sino un marco nacional de cualificaciones definido por resultados de aprendizaje: niveles descritos en términos de qué sabe hacer una persona, con procedimientos de validación de competencias y de reconocimiento de aprendizajes previos, sin importar dónde ni en cuánto tiempo los adquirió. Ese es el patrón que respalda la moneda.

Sobre ese marco, tres exigencias mínimas: que cada credencial declare qué desempeño acredita, cómo se evaluó y quién responde académicamente por ella. Y una cuarta, indelegable: un registro nacional con criterios públicos de admisión. Un registro que admite todo lo que se le presenta no informa nada; su valor está enteramente en lo que deja fuera.

Las tres primeras no requieren esperar al Ministerio. La cuarta sí.

Mientras tanto seguiremos imprimiendo. Y el día en que alguien pregunte en serio cuánto vale una microcredencial dominicana, la respuesta honesta será que depende de quién la firmó, que es precisamente la respuesta que estábamos tratando de superar.

Rafael Eugenio Robles

Doctor en educación, docente e investigador universitario. Experto en finanzas, tecnología y prevención de riesgos laborales. Abogado.