Franklin LithgowEl Estado que dejó de contar (IV)
La alarma sonó durante dos años
El caso Senasa
*Nota del autor. Las cifras centrales de esta serie proceden de documentos oficiales dominicanos, organismos multilaterales y estudios identificados expresamente. Cada afirmación cuantitativa lleva su fuente, fecha, definición y condición de uso en un expediente disponible para cualquier periodista, legislador o lector que lo solicite. Cuando una cifra no ha resistido la verificación, se ha retirado o corregido por escrito. Y lo que aquí se afirma que el Estado no publica se comprobó por última vez en septiembre de 2026: se consigna la fecha porque una ausencia puede dejar de serlo y, si eso ocurre, se corrige igual.
Dos advertencias antes de empezar.
Hay un proceso judicial abierto y hay diez personas imputadas, siete en prisión preventiva. No voy a decir que son culpables: eso lo decide un tribunal, no un columnista. Nada de lo que sigue depende de que lo sean.
Porque lo que voy a contar no es el fraude. Es lo que pasó mientras ocurrían los hechos que hoy investiga el Ministerio Público, en las oficinas de quienes tenían el deber de verlos. Y eso no está bajo proceso: está publicado.
El indicador que cualquiera podía leer
En un seguro de salud hay un número que lo resume casi todo. Se llama siniestralidad: cuánto paga la aseguradora en atenciones por cada cien pesos que recibe.
La de Senasa fue de 102.3 % en 2023 y 105.6 % en 2024. En el régimen subsidiado —el de los más pobres— 108 % en 2023, 110.76 % en 2024 y más de 130 % hasta mayo de 2025.
Esa cifra no la calculó la oposición. La publicaba la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, el organismo encargado de vigilar precisamente eso.
Una precisión que me importa más que el titular. Siniestralidad por encima de 100 % no significa quiebra, y quien se lo diga le está vendiendo algo. Una aseguradora puede sostenerla con reservas, con patrimonio o con una transferencia del Estado; en un régimen subsidiado sostenerla un tiempo puede ser incluso lo correcto.
Lo que ese número sí es, sin ambigüedad, es una luz roja. Y admitía varias lecturas: una cápita insuficiente, más utilización, otro perfil de riesgo, prestaciones nuevas, costos extraordinarios, errores de registro o facturación irregular. Determinar públicamente cuál ocurría, y activar una respuesta proporcional, era el deber del supervisor. Lo que no consta en esos dos años es un diagnóstico publicado ni una intervención capaz de detener el deterioro. Esa es la columna.
Y no fue la única señal
Diciembre de 2021. La Cámara de Cuentas emite una opinión adversa sobre los estados financieros de Senasa —la peor calificación posible: las cuentas «no presentan razonablemente la situación financiera de la entidad auditada»—, con 4,211 millones de pesos en observaciones. El informe está fechado el 15 de diciembre de 2021 y no se hizo público hasta octubre de 2025. Cuatro años en una gaveta.
Entre junio de 2023 y diciembre de 2024, la Superintendencia escribió cinco oficios de alerta a Senasa por incumplimiento de pagos. Conocía el deterioro. Ninguno de los cinco se hizo público. Desde septiembre de 2024, el Colegio Médico y las clínicas denunciaban atrasos: médicos que no cobraban.
Y el lunes 30 de junio de 2025, con todo eso publicado, el Presidente lo negó en LA Semanal con la Prensa: «No hay un déficit, se necesita un aporte extra del Estado como lo estamos haciendo.»
Una aseguradora que necesita un aporte extraordinario del Estado para cerrar el año está describiendo un déficit. La discusión no era sobre el tamaño del número. Era sobre cómo se llama.
La explicación del Gobierno, y por qué no cierra
El Gobierno dio una respuesta, y es seria: el subsidiado creció. La afiliación pasó de 3,958,495 personas en agosto de 2020 a 5,762,249 en diciembre de ese mismo año, y estaba en 5,700,688 en marzo de 2025. Más afiliados, con una cápita de 1,683.22 pesos que fija el Estado, dan déficit sin que nadie robe nada.
Concedo el argumento. Y le pido que mire las fechas.
El salto de afiliación fue en 2020. El déficit aparece en 2023, y entre diciembre de 2020 y marzo de 2025 el padrón bajó levemente. El aumento de afiliados, por sí solo, no explica un deterioro que aparece tres años después: para explicarlo hay que cruzar afiliación, cápita, utilización y costo por afiliado. Ese cruce no está publicado.
Puede que la explicación siga siendo buena: quizá subió el costo por afiliado. Pero eso hay que demostrarlo con la serie mensual de afiliación, cápita y costo, y esa serie no está publicada. Y si la cápita era estructuralmente insuficiente, era calculable por adelantado: eso no exime al supervisor, lo obliga.
Lo que pasó cuando por fin pasó algo
Después de dos años de siniestralidad sobre 100 %, una opinión adversa guardada, cinco oficios y las denuncias de los médicos, el sistema produjo una consecuencia: una multa de 1,888,902.00 pesos, en mayo de 2025.
Para tener idea de la escala: el Ministerio Público imputó, en la audiencia del 8 de diciembre de 2025, un daño de 15,921 millones de pesos a las reservas técnicas de Senasa hasta diciembre de 2024. La multa equivale al 0.012 % de esa cifra. Doce milésimas de un uno por ciento.
Falló el diseño, no solo la gente
La ley no obliga a mirar. El artículo 176, literal e), de la Ley 87-01 faculta a la Superintendencia a pedir información «con la periodicidad que estime necesaria». Sin plazo, sin mínimo, sin disparador automático. Un regulador que puede mirar cuando quiera es un regulador que puede no mirar nunca, y nadie le incumple nada.
El pasivo lo declaraba el propio vigilado: el documento con las autorizaciones pendientes de pago lo produce y lo cierra la aseguradora. Quien controlaba ese papel controlaba, a la vez, la deuda declarada y el número que el regulador iba a leer.
Y el hallazgo no llegó a donde debía. La Ley 10-04 obliga a remitir al Ministerio Público las irregularidades detectadas. Una opinión adversa de 2021 que se conoce en 2025 llega con cuatro años de retraso.
Llevo tres entregas diciendo que aquí existe la norma y no existe el contador. Este caso me obliga a corregir esa tesis, y prefiero corregirla yo. En Senasa el contador existía. El dato estaba; lo que no había era la obligación de que alguien hiciera algo cuando el dato cruzara la línea. Esa es la diferencia entre un sistema de supervisión y un archivo. Un archivo guarda; un sistema actúa.
Que el caso no lo destapara el control interno —lo destaparon una denuncia y la prensa— no es un detalle. Es el resultado.
Lo que cambió desde entonces, y lo que no
Me toca actualizar, porque sería tramposo escribir como si nada hubiera pasado.
El 27 de enero de 2026 Senasa informó un cierre preliminar de 2025 que reduce el déficit acumulado en 1,034 millones de pesos. El 10 de junio de 2026 publicó los estados financieros de 2024, los preliminares de 2025 y el primer trimestre de 2026, positivo en RD$1,283 millones.
Eso es una buena noticia y hay que decirlo así.
Pero fíjese en cómo llegó. Los estados de 2024 se publicaron dieciocho meses después del cierre del ejercicio, y los de 2025 siguen siendo preliminares. Salieron después de que el caso se hiciera público, y no consta que respondieran a plazo automático alguno. El sistema no se arregló. Se arregló esta institución, después de romperse.
El dato que falta
El informe de la Cámara de Cuentas del 15 de diciembre de 2021, y la constancia de si fue remitido al Ministerio Público conforme al artículo 49 de la Ley 10-04.
Los cinco oficios de alerta y el informe del 13 de septiembre de 2025, que sigue sin publicarse. Los tiene la Superintendencia.
Y la serie mensual, por aseguradora y por régimen, de afiliación, cápita, costo y siniestralidad desde 2019: sin ella no se puede saber si fue un precio mal puesto o un costo inflado.
Mientras no aparezcan, lo único que hay es esto: la alarma sonó durante dos años, estaba puesta donde debía, funcionaba, y la respuesta costó un millón ochocientos ochenta y ocho mil pesos.
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Este artículo es la cuarta parte de una serie de ocho entregas. Próxima entrega: La ley que llegó después.
Franklin Lithgow