La conectividad como prosperidad compartida
Hacia una Estrategia Marítima de la República Dominicana

La República Dominicana ocupa una posición privilegiada en el Caribe, pero esa ubicación no garantiza, por sí sola, prosperidad. Convertir la cercanía a los mercados en participación competitiva exige infraestructura, instituciones y conocimiento. Nuestro desafío marítimo consiste en transformar una ventaja geográfica en oportunidades concretas.
Durante demasiado tiempo hemos pensado el mar como paisaje y distancia por vencer. Hoy debemos entenderlo como un espacio donde convergen comercio, energía, conectividad digital y protección ambiental. La política marítima debe comprender esas relaciones y anticipar oportunidades y conflictos. Solo en 2025 recibimos 2.8 millones de cruceristas. Según la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe, el gasto promedio por pasajero en cada visita a puerto ronda los US$104.36. La geografía nos sitúa; la coordinación nos vuelve competitivos.
La dimensión económica es muy evidente. Según la Oficina Nacional de Estadística, más del 65 % del valor de nuestras exportaciones de bienes corresponde a envíos por vía marítima. En junio de 2025, el Gobierno informó una inversión acumulada desde 2020 de US$531.5 millones de capital público y privado en infraestructura portuaria. El reto es traducir ese esfuerzo en un sistema logístico más eficiente.
Para mejorar esa cadena, hemos combinado tecnología y coordinación con Despacho en 24 Horas, equipos de rayos X y sistemas de gestión de riesgos. Una mercancía despachada rápidamente puede perder esa ventaja ante accesos congestionados o transporte insuficiente. La competitividad debe medirse por el recorrido completo, desde el centro productivo hasta el destino.
El Decreto 353-26, mediante el cual el presidente Abinader dispuso la elaboración de la Estrategia Marítima de la República Dominicana, permite acordar prioridades, asignar responsabilidades y medir resultados. Debe integrar desarrollo económico, seguridad de la navegación, obligaciones internacionales y protección del medio marino. Nuestra visión país debe asumir la condición de Estado archipelágico integrando islas, cayos y espacios marítimos en la planificación, con rigor jurídico y respeto al derecho internacional.
Esta tarea está vinculada con Meta RD 2036. Duplicar el tamaño de nuestra economía exigirá mover más bienes y hacerlo mejor. Debemos pensar nuestros puertos como un sistema de funciones complementarias, conectado con los territorios a los que sirve. Haina y Caucedo deben consolidarse; Manzanillo, integrar puerto, energía e industria; y San Pedro de Macorís, fortalecer su conexión con el entorno productivo. Barahona tiene potencial para abastecer, mediante comercio formal, el sur de Haití: está a unos 95 kilómetros por carretera de Jimaní, frente a aproximadamente 260 desde Haina. Cada terminal necesita una vocación definida. Su éxito dependerá del valor que genere en tierra.
En Puerto Plata, la Autopista del Ámbar acercará el puerto a la producción del Cibao. Aprovechar esa conexión exige mejorar los accesos y ampliar las áreas de manejo de carga, coordinando las operaciones con el turismo de cruceros. La carretera y el puerto deben integrar la producción regional con los mercados internacionales.
Esta infraestructura exige capital humano capacitado: formar marinos mercantes y técnicos especializados abre enormes oportunidades. El tránsito de embarcaciones de recreo por nuestra costa norte representa una oportunidad para desarrollar astilleros y servicios náuticos, con capacidad para generar miles de empleos. Además, bajo el mar circulan los datos que sostienen nuestras empresas y servicios públicos. Los cables submarinos y las posibilidades de interconexión energética con Puerto Rico y otras islas amplían el significado estratégico de nuestra ubicación y obligan a planificar conjuntamente usos antes separados.
La conectividad también genera responsabilidades de seguridad. Entre agosto de 2020 y octubre de 2025, las autoridades dominicanas incautaron más de 159 toneladas de drogas en territorio nacional. Ese desafío exige fortalecer las capacidades operativas de la Armada, su coordinación con autoridades civiles y la cooperación regional, incluida nuestra participación en Escudo de las Américas. Proteger nuestros espacios marítimos, rutas e infraestructuras críticas es resguardar las condiciones del desarrollo.
Para conocer mejor nuestro territorio y costas, desde el Ministerio de la Presidencia estamos contratando levantamientos geomáticos, vuelos LiDAR e imágenes aéreas. Complementados con estudios hidrográficos y oceanográficos, permitirán identificar vulnerabilidades y orientar inversiones. Según la Red Mundial de Monitoreo de Arrecifes de Coral, entre 1980 y 2024 la cobertura de coral duro del Caribe disminuyó un 48 %. Proteger esos ecosistemas preserva las barreras naturales que resguardan nuestras costas y sostienen pesca y turismo.
Al final, la estrategia debe construirse con la participación de navieros, exportadores, comunidades costeras y universidades. Las inversiones marítimas trascienden gobiernos, requieren reglas previsibles, capacidad técnica y acuerdos duraderos. Ese rumbo debe traducirse en una agenda verificable: qué mejorar, quién actuará y cuándo. Medir tiempos, costos, conexiones y salud de las costas permitirá corregir y rendir cuentas. Nuestra posición en el mapa está definida; nuestro lugar en la economía del futuro dependerá de nuestras decisiones. Como resume Parag Khanna: "La conectividad es el destino". Nuestra tarea es convertirla en prosperidad compartida.
