Una sociedad bajo desconfianza

En toda sociedad hay desacuerdos y razones para mantener reservas frente a quienes ejercen el poder o representan intereses distintos. El problema surge cuando la duda deja de ser una cautela y se convierte en la forma habitual de interpretar las acciones ajenas.

Los ciudadanos miran con recelo a las autoridades; los empresarios dudan de la estabilidad de las reglas y de las intenciones del Gobierno; los sindicatos temen que las decisiones públicas reduzcan derechos o favorezcan a determinados sectores; y el Gobierno puede recibir con reservas las propuestas de empresarios, sindicatos y organizaciones sociales.

La sospecha también puede trasladarse a los vínculos cotidianos. En la comunidad, una iniciativa compartida puede despertar dudas sobre quién se beneficiará; en la familia, las diferencias pueden llevar a atribuir intenciones antes de escuchar las razones de los demás; y en el trabajo, la colaboración puede verse afectada cuando las decisiones o los aportes de cada persona se reciben con prevención.

En la vida diaria, esa disposición reduce la espontaneidad, vuelve más difícil pedir ayuda y hace que algunas palabras o gestos se interpreten con recelo. Cuando se extiende, la desconfianza puede debilitar la convivencia y restar eficacia al diálogo.

Las mediciones disponibles permiten dimensionar ese clima en la República Dominicana. La Encuesta de Cultura Democrática 2022–2023 evidenció que ninguna de las instituciones evaluadas inspiraba confianza en al menos la mitad de la población.

Alrededor de tres de cada cinco personas confiaban poco o nada en la Presidencia y en la Junta Central Electoral, y cerca de cuatro de cada cinco expresaban esa misma desconfianza hacia el Congreso, la Policía, los altos funcionarios y los partidos. La encuesta de la OCDE de 2025 sobre los factores que impulsan la confianza en las instituciones públicas ofrece otra señal. El 47 % de los consultados tenía poca o ninguna confianza en el Gobierno nacional; solo el 35 % consideró probable que una solicitud de beneficios públicos fuera tratada con justicia, y el 32 % creyó probable que un funcionario rechazara un soborno.

En cuanto a la confianza interpersonal, la OCDE estima que solo la mitad de las personas de América Latina y el Caribe confía en la mayoría de los demás. Este dato es regional y no debe atribuirse exclusivamente al país, pero ayuda a situar un problema que va más allá de la relación con las autoridades. Cuando se debilitan a la vez la confianza interpersonal y la institucional, cooperar resulta más difícil, incluso allí donde distintos sectores podrían compartir objetivos.

La desconfianza alcanza también a la información. Las cifras oficiales, los estudios técnicos y las explicaciones de los expertos suelen aceptarse o rechazarse según quién los presente y a qué posición parezcan servir. A veces se descarta un dato antes de examinar su metodología, sus fuentes o sus límites; otras veces se le atribuye una intención política que no ha sido demostrada. Así, la evaluación previa de quien comunica sustituye el examen de la evidencia. Cuando ninguna fuente parece confiable, cada persona puede refugiarse en la información que confirma lo que ya piensa.

Este clima pesa especialmente cuando el Estado propone decisiones de gran alcance, como una reforma fiscal. La sociedad necesita recursos para financiar servicios, atender demandas sociales y sostener inversiones, pero ante cualquier propuesta de aumentar o reorganizar la recaudación surge una pregunta legítima: ¿se traducirá el mayor esfuerzo de los contribuyentes en mejor gasto y mejores servicios?

También influyen los intereses de los sectores afectados y el costo político de cada medida. Sin embargo, cuando una parte de la ciudadanía sospecha que se recaudará más sin corregir deficiencias, reducir el desperdicio ni rendir cuentas de manera convincente, la resistencia fiscal expresa algo más que el rechazo a los impuestos propuestos. También refleja dudas sobre la capacidad del Estado para administrar mejor lo que ya recauda.

La reforma del Código de Trabajo ofrece otro ejemplo. La normativa vigente data de 1992 y, desde entonces, el mercado laboral ha cambiado profundamente, con la expansión de la informalidad, el teletrabajo, nuevas modalidades de contratación y transformaciones tecnológicas.

Sin embargo, la reforma continúa sin aprobación definitiva después de más de una década de discusiones. Influyen la complejidad técnica, los intereses económicos y la competencia de otras prioridades de agenda, pero la desconfianza agrava esos obstáculos. Cuando cada parte anticipa que la otra intentará aprovechar el cambio para debilitar derechos o imponer cargas, hasta los puntos técnicos se negocian como amenazas.

Un marco desactualizado puede dificultar la formalización del empleo, generar incertidumbre para la inversión y retrasar la adaptación de las reglas a formas de trabajo que ya existen en la práctica.

La desconfianza, además, puede tener razones legítimas. La falta de transparencia, las promesas incumplidas, el uso discrecional del poder y la ausencia de consecuencias ante los errores deterioran la credibilidad. La confianza no puede exigirse como un acto de obediencia.

Las fallas reales generan recelo; una vez extendido, este reduce la cooperación y el margen para reformar; y, sin reformas, las fallas persisten. Romper ese círculo exige que las instituciones actúen con coherencia, ofrezcan información verificable y rindan cuentas. También requiere que la sociedad esté dispuesta a examinar la evidencia cuando esta existe. Si toda propuesta se considera engañosa desde el principio, ningún dato podrá contribuir a una discusión serena.

El clima de sospecha tiene costos concretos. Aumenta el tiempo necesario para alcanzar acuerdos, retrasa reformas que requieren cooperación y dificulta la continuidad de las políticas públicas. Estudios del Banco Interamericano de Desarrollo vinculan los bajos niveles de confianza en América Latina y el Caribe con mayor informalidad, menor recaudación tributaria, menos innovación y menor productividad.

Para empezar a revertir esta situación, pueden ayudar la publicación de datos y las evaluaciones independientes del gasto público, que permiten verificar los hechos; las negociaciones con compromisos escalonados y verificables, en las que ninguna parte tenga que ceder todo de entrada; y los resultados visibles en la calidad del gasto antes de pedir un mayor esfuerzo fiscal.

La confianza no supone pensar igual ni renunciar al derecho de cuestionar. Una sociedad democrática necesita desacuerdos, vigilancia y crítica; lo decisivo es que esas diferencias puedan tramitarse con reglas compartidas, evidencia y disposición a escuchar antes de atribuir intenciones.

Una sociedad no avanza si cada quien mira al otro como una amenaza y recibe cada propuesta como una maniobra. La confianza no elimina los conflictos, pero permite enfrentarlos sin que paralicen la vida colectiva. Allí donde la sospecha se ha instalado como norma, construir confianza no es un gesto de ingenuidad; es una condición para convivir, decidir y progresar.

Luis A. Reyes Abreu