Los libros escolares
Al ministro no le ha tocado fácil.
La decisión del ministro Ángel Hernández de crear una unidad interna para elaborar los libros de texto del sector público (y del privado, dijo un viceministro quizá por error) tiene más aristas que las económicas.
En un gobierno que tiene en las alianzas del sector público con el privado una de sus estrategias clave y que le da grandes éxitos, esta decisión ha provocado un enfrentamiento que el TSA tiene ya en su agenda. Ha levantado mucho ruido, a pesar de la confidencialidad con que se trató de llevar al principio. Confidencialidad que rallaba en el secretismo, algo raro en un ministro tan abierto.
Diario Libre ha seguido (cuando no destapado) muy de cerca el tema de los libros escolares. Ya había textos aprobados por el Consejo Nacional de Educación y adjudicados en licitaciones públicas. ¿Se pueden irrespetar estas decisiones?
¿Hay que hacer de nuevo, y al vapor, textos para todos los cursos y para todas las materias? ¿Adjudicando su elaboración sin concurso ni licitación? Por eso hay reputadas universidades que no están participando: hay aspectos legales delicados y algunos rectores prefieren no “ganarse” ese dinero y librarse de un embrollo en tribunales.
Están en la justicia los casos de las editoras que fueron denunciadas por colusión y plagio. (Épico, el caso del chofer que aparecía como autor de varios textos). Todos de acuerdo en “congelar” estas adjudicaciones hasta que se dicte sentencia. ¿Pero y los otros textos ? ¿Y el trabajo de las demás editoriales y sus equipos especializados?
Al ministro no le ha tocado fácil. La herencia recibida es antipática. Tiene el apoyo del sector educativo y de la opinión pública en casi todo lo que emprende. Pero habrá que ver qué dice el TSA sobre este caso y la demanda interpuesta por una casa editorial. (¿Y si al gobierno le da por hacer lo mismo con otras industrias?)