Coqueteando con la censura previa
El acceso a la información es un derecho fundamental
A menudo es más sencillo deducir quién ha pagado una encuesta electoral que encontrar a un encuestado. Estadísticamente hablando todos deberíamos haber sido abordados alguna vez o al menos alguien de nuestro entorno familiar, del barrio o de la oficina. Son muchos años ya de elecciones, pero un encuestado es como un trébol de cuatro hojas.
Hay encuestadoras que producen sondeos secretos que circulan profusamente. Estudios tan largos que necesitan sumario y políticos adictos al porcentaje con síndrome de abstinencia ocasional. Hay encuestas tan falsas que ni suman correctamente los porcientos. Encuestas maquilladas con resultados interpretados a sigún. Pero, señores de la JCE, los ciudadanos tampoco somos estúpidos: distinguimos las encuestas serias del disparate aunque algunas veces finjamos sorpresa o entusiasmo.
Todos conocemos la firma encuestadora de cabecera de Leonel, que siempre le da ganador. O al gurú del PRM famoso por otear desde el Cibao los resultados y a su pitonisa de cabecera. Y al equipo especialista en power point del PLD que últimamente no acierta tanto... Y nos reímos de las encuestadoras fantasmas de los partiditos propiedad de líderes de asombroso performance demoscópico y escasos votos.
La JCE electoral no acierta al coquetear con la censura previa. Eso no es legal y además no funciona. Si quiere pedir cuentas del dinero público que los partidos reciben de los contribuyentes, bien. Si quiere multar a encuestadoras fantasmas y mendaces, que lo haga. Pero los ciudadanos, votantes o abstencionistas, tienen derecho al acceso a la información. Esa información recogida por firmas serias que los poderes públicos y privados manejan cotidianamente. No pueden tratar igual a todas las encuestadoras. Democracia no es solo votar cada cuatro años: disponer de información y ejercer el derecho a informar es parte fundamental del torneo que la JCE debe arbitrar. (¿De quién habrá sido la brillante idea?)

Inés Aizpún