Eficiencia del Estado y solidaridad política

Desde que la democracia se volvió representativa y se proclamó la igualdad de todos los ciudadanos, ha existido el dilema entre la eficiencia del Estado y el premio a los dirigentes políticos que lograron el triunfo electoral.

Cuando las monarquías eran la norma, el rey designaba a los que consideraba más capaces para manejar los asuntos de Estado, aunque a veces tenía que ceder ante personajes importantes de la realeza o de los “grandes”, incluyendo militares y sacerdotes. Los reyes no tenían el dilema de las democracias, en las cuales el acceso al poder se logra en los torneos electorales, lo que genera unas obligaciones políticas que se espera sean pagadas con empleos o prebendas.

Cuando los partidos son fuertes, con un prolongado ejercicio en la lucha política, colocar a personas experimentadas en los puestos públicos no ofrece problemas. Esa clase política está preparada para gobernar y sabe que de su eficiencia en la conducción del Estado depende su permanencia en el poder.

En países de institucionalidad precaria como los nuestros, el Estado, más que un administrador, es una gran canasta de oportunidades de empleo, de contratos y de canonjías, a la que todos tienen “derecho” como pago de su laborantismo político. La inmensa mayoría de los que aspiran a puestos públicos no calificarían para una posición de iguales responsabilidades en el sector privado, pero como el Estado ha crecido desproporcionadamente, pareciera que todo el que contribuyó a la victoria electoral debe tener cabida en el tren estatal.

La misión del estadista es mejorar la eficiencia del Estado mostrando cierto grado de solidaridad política.

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