La línea roja

Con el acuerdo firmado por la Procuraduría y Odebrecht las cosas se complican para Ángel Rondón. La constructora reconoce oficialmente el pago del soborno y la obligación de resarcir al Estado por el doble de lo “invertido” en amaños. La explicación de Rondón de que los 92 millones de dólares eran pago por su trabajo como representante comercial... queda así invalidada.

Punta Catalina sigue apareciendo como la línea roja que el Gobierno dominicano no va a dejar que se cruce. El acuerdo especifica, según las explicaciones que ha dado el Procurador, que el Ministerio Público solicitará el levantamiento de las medidas cautelares que incluyen la inhabilitación temporal de la firma ante la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Odebrecht necesita seguir trabajando (aquí y en el resto del mundo) para no quebrar, y al Gobierno le interesa que Punta Catalina no enfrente más dificultades que las que ha enfrentado. Es su proyecto estrella.

Al presidente Medina se le ha reprochado que a diferencia de otros Jefes de Estado no se haya manifestado públicamente sobre el caso. Quizá no sea esto cierto, quizá esté hablando con hechos más que con declaraciones. Desde la conformación de la Comisión de notables que estudia la legalidad del proyecto hasta este levantamiento de solicitud de inhabilitar a la empresa, todo habla de su voluntad política, de su mayor preocupación.

Desmontar el entramado de Odebrecht en el país va a llevar tiempo y va a suponer un pulso entre funcionarios con mucho poder y una ciudadanía firme en su decisión de que este caso no termine como otros, en el limbo.

(Es lo que tiene la angurria: no saben cuándo parar.)

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Inés Aizpún