Así de sencillo, así de difícil. El movimiento por la institucionalidad que lideran organizaciones empresariales y de otros ámbitos es un esfuerzo (otro más) para que cada quien retome sus funciones.

La clase política, la primera. Ha distorsionado la separación de poderes. El Ejecutivo dirige al Legislativo, al Electoral y al Judicial, aunque lo niegue. La clase política ha usurpado los espacios del empresariado adulterando las reglas del libre comercio y la libre competencia. Los políticos son empresarios millonarios que manejan los órganos reguladores y supervisores, controlan la información y dictan leyes que afectan al mercado. Y algunos no pueden evitar el peor error: jactarse de ello.

A su pupitre deberían ir también los llamados sindicalistas. Son empresarios y ya no representan a los trabajadores si es que alguna vez lo hicieron. Aliados con los políticos detentan el control de sectores sensibles para la economía nacional. No deben ser interlocutores en pactos que afecten a los trabajadores. A su pupitre también pastores y sacerdotes.

¿Y la Policía? La proporción de miembros del cuerpo que son también ladrones es alarmante. Son los aliados perfectos de cualquier banda. A veces... la competencia.

¿Y los periodistas? Por supuesto. El de la información es un sector en compleja evolución tecnológica, económica y de identidad. Pero hay verdades inmutables de la profesión sea cual sea el formato en el que se trabaje. No se pueden mezclar el periodismo y las relaciones públicas y menos aún para el gobierno. También el Cuarto Poder debe volver a su pupitre si quiere seguir siéndolo.

Al final, ¿no es eso la institucionalidad?

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Inés Aizpún