Una democracia (des)controlada

La declaración del presidente de la Cámara de Cuentas de que esa institución no ha podido terminar la auditoría a las obras construidas por Odebrecht “por falta de recursos”, pone de nuevo sobre el tapete las falencias del esquema de organización estatal que nos hemos dado desde la fundación de la República.

La Cámara de Cuentas es el “auditor externo” del Gobierno y, como tal, forma parte del Poder Legislativo, dentro de su función de control de la Administración.

El Poder Legislativo es la función estatal que aprueba el Presupuesto General del Estado y, por tanto, es el responsable de la “indigencia” de la Cámara de Cuentas, como la definió su presidente. Por eso, llaman la atención los obesos presupuestos de las Cámaras frente a las carencias de un organismo fundamental para el control del Estado y que es responsabilidad del Legislativo.

Es que en la práctica, nuestra organización estatal desdeña los controles, porque todo está sometido a un solo centro de control que es el Ejecutivo. Ya lo observó Ostrom: “Si la unidad de la ley va a ser obtenida por medio de una unidad de poder ejercida por un solo agente como representativo soberano, entonces ese agente está en una posición privilegiada para determinar la distribución autoritaria de valores y para ejercer comando sobre los instrumentos legales de fuerza en una sociedad. A tales agentes no se les puede exigir responsabilidades en esa sociedad. Ellos son jueces de su propia causa en relación a los demás... El pueblo no puede gobernar en un sistema de comando y control que opera desde un único centro de autoridad final”.

La falta de control explica los resultados y la frustración ciudadana.

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Adriano Miguel Tejada