Amt. - Samaná en el trayecto de la basura

Confieso que estoy abrumado por la falta de información sobre un caso que debiera tener al país levantado en armas de ser cierto todo lo que se dice.

La noticia es que las autoridades de la secretaría de Medio Ambiente (no fue el secretario que estaba de viaje sino un subsecretario que dice que estaba autorizado para tomar la decisión, cosa que el secretario niega), autorizaron a una empresa (que no se sabe de dónde es, aunque parece que fue registrada en República Dominicana, aunque opera desde Puerto Rico), a transportar y depositar en Samaná (aunque también se ha dicho que el permiso fue otorgado para Montecristi y que sin saberse cómo, se cambió para Samaná) un número determinado de toneladas de material producido por hidroeléctricas en Puerto Rico (pero se ha dicho que la autorización era por 50 toneladas y que van más de 200, y que el material produce de todo mientras nadie presenta pruebas de laboratorio que digan una cosa o la otra).

El asunto es que existen más interrogantes que respuestas en el sonado caso.

Suponiendo que la ley prevea que se pueda traer basura al país, lo primero que hay que aclarar es el asunto de las autorizaciones. Para traer la basura se requiere un permiso de Medio Ambiente que debe ser otorgado luego que se determine que la misma no constituye peligro para nadie en el país. El permiso debe establecer un plazo de vigencia. Luego se necesita la carta consular del puerto donde se embarque el material y luego el permiso del puerto donde se desembarcó. Según los rumores, en los tres casos hay manipulaciones y extravíos que en algunos casos califican como falsedad en escritura pública.

Si surgieran discrepancias entre lo autorizado (si es que se puede autorizar) y lo traído, un laboratorio autorizado debe analizar muestras del material para determinar su verdadera naturaleza. Como el material está depositado en Samaná no debiera ser difícil que un laboratorio independiente determine el contenido del material.

Además, debe auditarse a la empresa encargada del proceso para determinar que no hubo sobreevaluaciones, prebendas, sobornos y demás populares inelegancias para que todo se manejara de manera expedita.

Todo ello, bajo la reserva incuestionable de que resulta absolutamente improcedente que recibamos la basura que producen otros en un suelo que ya no resiste más ataques ni depredaciones.

El secretario Moya Pons, una persona que históricamente y por convicción personal, está comprometida con el hábitat dominicano, debiera aclarar rápida y completamente todas las dudas e interrogantes que existen sobre el caso y recomendar las sanciones correspondientes en caso de que se determine que se ha violado la ley o los procedimientos.

Su buen nombre está en juego.