Roles en el caso Senasa

El estimado abogado Miguel Valerio, defensor del principal acusado por el Ministerio Público de alegadamente "crear un sistema de corrupción sistemático en el Servicio Nacional de Salud (Senasa)", dijo públicamente sobre el presidente Luis Abinader lo siguiente: "no comprendo cómo un demócrata interfiere en un caso judicializado".

En el tema en cuestión, Valerio juega un rol que está evidentemente definido: defender a su cliente para que, en la medida de los presupuestos presentados por el Ministerio Público, su defendido pueda salir lo menos afectado posible. Es una función a la que él, o cualquier otro abogado, tiene derecho.

El papel a jugar por el presidente, sin importar quien ostente el cargo, deberá ser siempre preservar los bienes públicos, administrarlos con idoneidad, transparencia y asegurarse de su preservación. Es lo que corresponde a un presidente que no esté comprometido con el dolo en su administración. Ahora, revisemos cuáles han sido los pasos dados por el actual mandatario. 

Desde que circuló el rumor público sobre alegados manejos dolosos en Senasa, el presidente Abinader hizo lo que corresponde, ordenar a los organismos de control interno una auditoría, a los fines de establecer la veracidad de las denuncias. Ese informe fue remitido al Ministerio Público, el cual se tomó su tiempo para profundizar las investigaciones que dieron al traste con los interrogatorios a los funcionarios implicados, y su posterior apresamiento. Ahora bien, ¿está el jefe del Estado actuando al margen de las leyes y la Constitución de la República? 

El presidente de la República es el jefe de la administración pública, responsable de promulgar las leyes y de "...cuidar de su fiel ejecución". Su juramento, consagrado en el artículo 27 de la carta magna, establece que debe "...hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República".

Como jefe de la administración pública cuyos servicios están destinados a satisfacer las necesidades de interés colectivo (los servicios de salud los son), de modo que estos que brinda sean de calidad, el presidente debe velar para que respondan a los principios de universalidad, continuidad, calidad, razonabilidad y equidad tarifaria" (artículo 147). En ese mismo artículo de la Constitución se contempla que los servicios públicos estarán regulados por el Estado, cuyo jefe es el presidente de la República. 

En otras oportunidades, los presidentes o se hicieron de la vista gorda, y dejaron que los recursos públicos fuesen distraídos, o bien trataron de justificar las malas acciones de sus colaboradores. De esa conducta, el país político está más que saturado y harto. 

Con su actuación inmediata, el presidente responde a su obligación de preservar el interés de la población, que lo escogió para eso. Con las acciones de ordenar una pesquisa e instruir a que la entidad se constituya en actor civil, Luis Abinader no se inmiscuye en asuntos de la justicia. Quiere proteger un derecho fundamental: el de la salud de los pobres.

Lejos de cualquier intento de incidencia en el ámbito judicial, las declaraciones del presidente son cónsonas con su responsabilidad política y administrativa. Su rol, por mandato constitucional, es apoyar la institucionalidad, reforzar la confianza del público en los servicios del Estado, y que los procesos avancen sin las presiones e injerencias a las que estuvieron sometidos los jueces y fiscales en el pasado.

Antes que constituir interferencia, es justamente lo contrario: un mensaje claro de distanciamiento operativo y de apoyo absoluto a las investigaciones, lo que prometió antes de ser presidente, y cumplir con lo dicho: "quiero recordarles que puedo tener amigos, pero jamás cómplices".

En el caso de la operación Cobra, los roles están claros: el abogado es abogado, el presidente es presidente.

Rafael Núñez