Óscar MedinaTodo el peso de la ley
La banca dominicana frente a la guerra de la desinformación
El sistema financiero dominicano es robusto y saludable, los resultados de los agentes de intermediación financiera muestran solvencia y rentabilidad, y la Autoridad Monetaria y Financiera y los órganos de supervisión cuentan con las herramientas y las competencias para asegurarse que estas entidades actúen apegadas a las leyes, las normativas internacionales y las buenas prácticas prudenciales.
Sin embargo una campaña de mentiras propagadas ampliamente por redes sociales pretendió poner en cuestionamiento la liquidez de uno de los principales bancos, no sólo del país, sino de toda la región.
La Administración Financiera y Monetaria no perdió tiempo y con estadísticas demostró los altos niveles de capitalización, rentabilidad, solvencia y calidad de cartera de la banca dominicana. Y el gobernador del Banco Central se reunió con los presidentes de los bancos comerciales para enviar una señal clara sobre la importancia del sistema financiero en la estabilidad y el crecimiento de la República Dominicana.
De su lado el Banco de Reservas, objeto de los ataques, emitió un comunicado para reiterar la estabilidad de su situación financiera, informando que al cierre de noviembre de este año presenta indicadores robustos, adecuados niveles de liquidez y capitalización, excelentes resultados operativos, y que se mantiene en estricto cumplimiento de las normativas vigentes en el sistema financiero nacional.
Todo muy bien, pero para combatir este tipo de campañas que pueden afectar la estabilidad económica y la paz social no basta con información veraz. El Código Financiero y Monetario dispone sanciones severas contra quienes difundan o patrocinen este tipo de mentiras, con capacidad de producir efectos adversos en un sistema que se sostiene fundamentalmente en la confianza y la credibilidad de sus actores.
El artículo ochenta de esa legislación establece penas de prisión de tres a diez años y multas hasta dos millones quinientos mil pesos para quienes "conscientemente difundan por cualquier medio falsos rumores u organicen campañas difamatorias relativas a la liquidez o solvencia de una o varias entidades de intermediación financiera y la estabilidad del mercado cambiario".
La intención del legislador fue liquidar la práctica de utilizar campañas de desinformación para afectar la reputación de bancos comerciales. Algo que en los dos últimos decenios del siglo pasado produjo corridas de retiros que algunas entidades no resistieron.
Este es un buen momento para hacer uso de esa herramienta y producir algo similar a lo que sucedió hace unos meses, cuando algunas víctimas de difamadores se hartaron y los sometieron a la justicia para que demostraran sus embustes. Y funcionó, porque por ahí andan desfilando por tribunales y rogando perdones.
Que se respetan todos sus derechos, pero a estos irresponsables que incitan esta campaña de mentiras contra la banca nacional se les debe aplicar todo el peso de la ley.
La Procuraduría General de la República debe actuar y frenar este tipo prácticas antes de que se conviertan en chantaje de uso común. Y no se dejen intimidar, que aquellos difamadores andaban igual de bravucones... Hasta que los amarraron.
Óscar Medina