¡Un golpe a uno, un golpe a to´!

El caos en el tránsito se ha convertido en obsesión. Lo rumiamos entre amigos, nos alivia verlo criticado en los medios. Descreemos de las promesas de regularlo y se dispara nuestro instinto castigador del funcionario incompetente. Descorazona constatar que en el programa RD se mueve hay más «allante» que planificación meticulosa. 

Admitámoslo: somos también parte del problema. El tiempo consumido en los tapones hace aflorar en nosotros una suerte de feroz incivilidad que es, al mismo tiempo, autoagresión. Pero no solo hay frustración y enojo, sino también un miedo que nos victimiza. Porque a la selva de asfalto concurren en manada los motoristas, más ajenos que nadie a cualquier norma escrita o tácita.

Para ellos, la ley no es papel mojado, es papel higiénico. Han creado una subcultura del abuso que involucra a la aplastante mayoría.  No es que violen semáforos, provoquen accidentes, zigzagueen entre vehículos o tomen las aceras como pista, que ya es bastante. Es que, además, se apandillan para proteger al que de ellos participa de un problema de tránsito con un conductor de vehículo.

No solo agreden, lo anticipan. En el chaleco de los miembros de la Federación Nacional de Motoconchistas (Fenamoto) está escrita la intimidación: «¡Un golpe a uno, un golpe a to´!». No es consigna particular de esta organización exenta de límites por la autoridad. Es conjuro que congrega a los miembros de la tribu. Atemorizan, y lo saben; como saben que su impunidad es absoluta.

Empero, el problema no va solo de sentimientos. Cuando el afectado es el conductor, el miedo a represalias induce a renunciar a derechos fundamentales inscritos en la Constitución, entre ellos el derecho a la integridad personal (artículo 42). Frente a la jauría, y en prevención de mayor daño, opta por «dejar la cosa así». La posibilidad de recurrir a la justicia en busca de resarcimiento es expulsada del cuerpo de derechos que dan sentido a la ciudadanía. En los márgenes del ordenamiento constitucional y jurídico se impone una relación social basada en el delito.  Siendo así, no se trata únicamente de la permisividad de la autoridad frente a los desaprensivos: el problema, aunque no lo asumamos de este modo, es político y menoscaba la calidad de la democracia. 

No estoy buscando la quinta pata al gato. Si el Estado, garante del orden, no actúa para prevenir o, llegado el caso, sancionar las conductas delictivas, se convierte en cómplice por omisión del quiebre del contrato social que regula la convivencia ciudadana. En el caso que nos ocupa, el grupo violento sustituye las leyes y los tribunales responsables de aplicarlas. Se deteriora el Estado de derecho.

Algunos argumentarán que mi opinión ignora importantes aristas contextuales, que llegar a una interpretación «correcta» del fenómeno requiere analizarlo con un instrumental teórico que va de la sociología a la antropología. No los refuto, quizá porque me gustaría entender el comportamiento tribal en pleno siglo XXI, y no solo reaccionar a él.

Mas a la espera de que este miedo vivido se convierta en teoría, saldré a la calle consciente de que mis derechos están subordinados a la intimidación de Fenamoto: « ¡Un golpe a uno, un golpe a to´!».

Clotilde Parra

Aspirante a opinadora, con más miedo que vergüenza.