Respeto mutuo

Durante el desarrollo de la Semana Santa, los dominicanos fuimos testigos de reacciones agresivas por parte de ciudadanos frente a quienes representan la autoridad para garantizar el orden público o aquellos que por mandato de la ley son responsables de dirigir el tránsito.

Las manifestaciones de insubordinación contra la autoridad policial o de los agentes de tránsito, pasa de castaño a oscuro con hechos que se hacen cada vez más cotidianos.

Si bien a cada instante se registran incidentes sobre el uso excesivo de la autoridad por parte de uniformados investidos como tal, la reprochable actitud de los agentes no es excusa para que ciudadanos los confronten con amenazas y diatribas insólitas, que no pocas veces derivan en agresiones físicas por la alta carga de falta de respeto.

La ley debe ser cumplida por aquel que está facultado para aplicarla, pero al mismo tiempo el ciudadano no puede entender que está por encima de ella, agrediendo verbal o físicamente a los agentes que la norma dicta son los indicados para poner el orden.

El pacto social implica que las autoridades se apeguen al principio de legalidad, al tiempo que a los ciudadanos nos asiste el deber de respetar y obedecer a las autoridades legalmente constituidas. Por otra parte, a las personas tampoco se les puede privar de los derechos a los que la Constitución y las leyes les otorga.

Ninguna democracia se sostiene sobre la base de la rebeldía y la desobediencia, pues ese camino sólo lleva a la anarquía. Los pueblos que han abierto las puertas al desorden, los hemos visto sucumbir sin esperanzas de recuperar la cordura.

La ley tiene que ser cumplida por todos: policías, militares, funcionarios, agentes de tránsito y ciudadanos. Una sociedad no debe legislar para satisfacer el capricho de cada uno de sus ciudadanos, pues de lo contrario tiene asegurado el caos. Todas las personas estamos obligadas a respetar la ley; con ese fin se crearon los mecanismos para que los hombres y mujeres designados, ejerzan su función sin coacción.

Los miembros de la Policía, o la entidad pública que tiene el deber de asegurarse de que la ley de tránsito se cumpla, hay que respetarla, al tiempo que están obligados a garantizar los derechos ciudadanos.

Desde que se proclamó nuestra independencia al amparo de la Constitución de San Cristóbal, los dominicanos hicimos un pacto para construir una sociedad civilizada, bajo normas comunes a todos, mediante la cual cedemos parte de nuestra libertad a las autoridades democráticamente electas, a cambio de seguridad y de respeto a los derechos que nos garantiza la propia carta magna.

Quien no quiera o no pueda someterse a esos cánones, civiles, policías o militares, tiene el derecho de elegir otra sociedad donde reine la anarquía, que las tenemos muy cerca. Cero tolerancia contra la insubordinación, cero tolerancia a los abusos de la autoridad. La era de la barbarie hace tiempo que las sociedades modernas la dejamos atrás.

Un país que hace respetar sus leyes, que los ciudadanos se acogen a ese mandato, que sus jueces y fiscales juzgan sin prejuicios ni componendas, que militares y policías actúan con decencia, y que los transgresiones a la ley son castigados, es un país que avanza, lo que nos genera respeto en el concierto de naciones civilizadas.

Rafael Núñez