Rodríguez Zapatero

José Luis Rodríguez Zapatero debe ser uno de los personajes más nocivos de la democracia española. Parte de su legado incluye dividir la sociedad al dinamitar la convivencia de la transición reviviendo el fantasma de Franco, engendrar el Procés Catalan con las negociaciones de un nuevo estatuto de autonomía, y blanquear la banda terrorista ETA abriendo las puertas de las instituciones a su brazo político. 

Expulsado de la Moncloa en medio de una profunda crisis económica, y políticamente amortizado tanto dentro como fuera de España, encontró en Venezuela donde alargar su sombra política al servicio de la dictadura de Nicolás Maduro.

Con engañosas negociaciones para supuestamente liberar presos políticos o con tomaduras de pelo conduciendo a la oposición a diálogos infructuosos, su objetivo real siempre fue oxigenar esa satrapía. Y aunque se especuló que esos servicios no eran gratuitos, y versiones le asociaban a negocios con petróleo y divisas, nunca hubo certezas y mucho menos evidencias.

Hasta ahora, cuando en España un juez de la Audiencia Nacional acaba de imputarlo como presunto líder de una estructura de tráfico de influencias ante instancias públicas, con el fin de obtener beneficios económicos en el rescate de la línea área de capital venezolano llamada Plus Ultra. 

Un auxilio sospechoso desde su origen, que costó al contribuyente español 53 millones de euros, otorgados durante la pandemia del Covid a una empresa opaca a la que rumores asociaban al envío hacia Europa de valores producto de la corrupción chavista; que no tenía aviones propios y no constituía un riesgo sistémico, pues representaba apenas uno y tanto por ciento del mercado. 

El auto del magistrado José Luis Calama sostiene que como parte de esa y otras transacciones Zapatero habría recibido pagos por hasta dos millones de euros, los cuales habría movido a través de entramados societarios con la intención de ocultar el origen y destino final de esos fondos.

Pero todo apunta que apenas estaríamos ante la punta del iceberg, pues según las indagatorias el expresidente del gobierno español no sólo cobraba comisiones por esas operaciones, sino que también obtenía beneficios intermediando en la compra de activos energéticos venezolanos utilizando sus vínculos con Maduro, los hermanos Rodríguez y empresarios boliburgueses asentados en Madrid. 

Y aunque las investigaciones se inician a raíz de informaciones solicitadas por instancias judiciales en Francia y Suecia sobre movimientos financieros sospechosos relacionados al rescate de la aerolínea, en una fase más amplia cuenta con la colaboración del Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales de Estados Unidos. 

Por tanto no sería descartable que los estadounidenses, que tutelan el gobierno venezolano, alienten en lo adelante investigaciones penales contra gente que se benefició del régimen chavista. En cuyo caso Rodríguez Zapatero podría ser apenas el primero de una lista de políticos y empresarios españoles y latinoamericanos, a ser procesados por recibir favores económicos a cambio de blanquear las atrocidades de esa narco-dictadura.

Esperemos que si esos vientos llegan a soplar, lo hagan lejos de República Dominicana.

Óscar Medina