Una decisión justa

Con independencia de eventuales culpabilidades, todos los casos de persecución de supuestos actos de corrupción instrumentados contra pasados funcionarios de los gobiernos de Danilo Medina, tuvieron como trasfondo político la intención sistemática de intentar destruir al Partido de la Liberación Dominicana y a su presidente y principal líder.

Aunque de todos, sobresale el encabezado por el ex ministro de Hacienda Donald Guerrero. Una acusación cocinada fuera del despacho de la entonces procuradora, diseñada para tener impacto mediático y no éxito en los tribunales. Intrincada, que mezcla pagos de deudas públicas con operaciones de bancas de apuestas, y que apesta a impunidad, pues favorece a individuos que en lugar de colaboradores debieron ser encartados como actores protagónicos del supuesto entramado.

Presentada sin disimulos en tiempos electorales, cuando el PLD concluía su congreso y se disponía a dar riendas sueltas a su candidato presidencial, fue la guinda en el pastel de méritos acumulados que garantizaron posteriores ascensos a las cúspides del Ministerio Público. 

Un caso al que arrastraron por los pelos a José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo. Quienes no fueron sometidos por acciones durante sus gestiones al frente de los ministerios Administrativo de la Presidencia y Obras Públicas, sino por supuestamente recibir aportes para la campaña del veinte. Como única prueba, las confesiones no contrastadas de personas que admitieron delitos y fueron excluidos de la acusación a cambio de suscribir interrogatorios que favorecían las pretensiones de los fiscales. Ni un papelito, una foto, una conversación, solo la palabra de gente en condiciones de decir cualquier cosa si devolviendo una parte del botín podían librarse de un problema mayúsculo.

Y como nunca debieron estar ahí, el pasado viernes la magistrada Altagracia Ramírez del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidió no enviar a juicio de fondo a Peralta y Castillo, y declarar a su favor un auto de no ha lugar.

Una decisión valiente que detuvo una injusticia, aunque nada ni nadie podrá devolverles los más de tres años de persecución arbitraria, los meses de abusiva prisión preventiva, el daño económico ocasionado a sus empresas y la angustia y sufrimiento padecido por ellos y sus familias.

Los obsesivos acusadores dijeron que apelarán, sorpresa para nadie, ya que lamentablemente por ahí radican niveles de perversidad que incluso aumentan con la derrota.

Solo que en esta ocasión deberán limitarse a las vías de los recursos, pues no podrán utilizar sus grupos de presión y prensa afín para condicionar una población que hace rato identificó el carácter selectivo y político de sus actuaciones. Y mucho menos sus vínculos con agencias estadounidenses para penalizar con la cancelación de visados a imputados exonerados y jueces no complacientes, una bajeza empleada con frecuencia para ocultar o tratar de subsanar sus propias incompetencias.

Con esta embajadora se terminó la bellaquería, Leah Francis Campos ha rechazado esa práctica de revocar visas a partir de dinámicas políticas y judiciales locales, estableciendo que las mismas deben responder únicamente a temas de seguridad nacional y a los principios de Estados Unidos.

Óscar Medina