Bien pensadas y necesarias

Desde que estalló el conflicto armado en Oriente Medio y se dispararon los precios del crudo, el gobierno viene realizando ajustes fiscales con el objetivo de aumentar las partidas destinadas al subsidio de los combustibles.

Para esos fines el presupuesto de este año contemplaba unos doce mil millones de pesos, sin embargo, y a pesar de algunos aumentos en los precios, esa cifra ya supera los veinte mil millones. Y si, como se proyecta, los precios del petróleo no cederán al menos hasta el último trimestre del año, las necesidades para cubrir los subsidios a los hidrocarburos y la factura eléctrica bien podría hasta triplicar ese número.  

En un país con presupuestos rígidos y escasa flexibilidad fiscal, esa cifra resulta imposible de manejar sólo con reasignaciones de gastos. Por eso el Ministerio de Hacienda y Economía presentó un proyecto de ley que contiene una serie de medidas con las que procura recaudar cerca de medio punto del Producto Interno Bruto, aproximadamente cincuenta mil millones de pesos.

Se trata de disposiciones bien pensadas, que no afectan los bolsillos de las mayorías. No toca el ITEBIS ni los selectivos al consumo, tributos indirectos que pagamos todos con independencia del nivel de ingreso; tampoco afecta el impuesto a la propiedad inmobiliaria, particularmente lesivo para la clase media; reduce tasas de algunos tributos y deroga otros, elimina el pago del anticipo del Impuesto Sobre la Renta a las microempresas y amplía las facilidades del Régimen Simplificado de Tributación para que puedan acogerse a sus facilidades las empresas pequeñas y medianas; indexa el mínimo imponible del Impuesto Sobre la Renta a personas físicas, reduce los recargos, flexibiliza la negociación de sus pagos y contiene una amnistía fiscal.  

Las fuentes de recaudación se encuentran en incrementos a las rentas de grandes contribuyentes y los altos salarios, a las tasas sobre cheques y transferencia bancarias, los impuestos a los pasajes aéreos y los selectivos a cigarrillos electrónicos y juegos de azar. Contiene disposiciones que procuran evitar abusos en la aplicación de las leyes de incentivo, y otras que buscan reducir la evasión tributaria aumentando retenciones y aplicando tecnologías.

Se debieron incluir impuestos a las plataformas de transmisiones digitales, las compras por internet y a las empresas que ofrecen alquileres temporales y vacacionales. Gravámenes que no solamente ofrecen una potencial fuente de ingresos, sino que además contribuirían a corregir una distorsión del mercado, pues constituye una competencia desleal que estos servicios operen exentos. 

Como bien explicó el ministro Magín Díaz, esta propuesta no persigue resolver el problema estructural de las finanzas públicas, simplemente busca mitigar los efectos del choque petrolero global sobre los sectores más vulnerables y las clases medias, y preservar la estabilidad y el crecimiento de la economía.

Y todo indica que será aprobado sin mayores obstáculos. Porque salvo algunas posiciones demagógicas y politiqueras, la mayor parte del país político, económico y social entiende que este ajuste es necesario para intentar salir medianamente bien de esta crisis, y no afecta sensiblemente a las clases bajas y medias.

Óscar Medina