El problema de la deuda

En estos días resurgió la eterna discusión sobre el endeudamiento de la República Dominicana. Por un lado los opositores acusan al actual gobierno de contratar más deuda que ningún otro en la historia, mientras que desde el oficialismo se señala que a pesar de tomar más préstamos en términos absolutos, desde que Luis Abinader recibió el gobierno en agosto del año veinte, la relación de la deuda con el Producto Interno Bruto se redujo.

Y la verdad es que ambos tienen razón, pero poca. Por una lado dato mata relato, y la data dura y pura alimenta la narrativa oficialista, pero tampoco es para festejar ni exhibir logros en el manejo de la deuda a partir de lo que refleja esa estadística. Ya que si bien el porcentaje que marca el total de endeudamiento sobre el Producto es el índice más utilizado por organismos multilaterales para realizar comparaciones entre diferentes economías, no constituye una relación que ayude a determinar el nivel de riesgo y la sostenibilidad de la deuda de un país.

La relación a observar, y la que debería preocuparnos, son los compromisos anuales de la deuda sobre los ingresos regulares del Estado, un índice que en el promedio de los últimos veinticinco años muestra un aumento consistente y considerable. En la actualidad se destina más de una cuarta parte de los ingresos fiscales para cumplir con el servicio de la deuda, lo que constituye un riesgo para la salud y la estabilidad de la economía dominicana.

Lo advierten desde hace años los informes que preparan los organismos multilaterales, especialmente el Fondo Monetario Internacional, que aunque ponderan positivamente el desempeño y la solidez de la económica dominicana, también avisan sobre las debilidades que afectan las finanzas públicas y los peligros que en consecuencia le acechan.

Un  riesgo que no se mitigará sin un incremento sustancial de los ingresos, porque cualquiera que sugiera un abordaje solo por la vía del gasto, parte de un vulgar ejercicio de demagogia. Lo fue antes cuando lo decían quienes ahora gobiernan, y lo es ahora cuando lo plantean los que antes gobernaban. 

Hace tiempo que la clase política, sin diferencias de colores partidarios, se inclinó por costear un estado grande y asistencialista, que reparte subsidios a diestra y siniestra; algunos generalizados, como los combustibles y la electricidad, a los que parece imposible focalizar y mucho menos eliminar.

Pero aunque adoptamos, aceptamos y exigimos mantener un estado con gastos sociales al nivel de las economías nórdicas, pagamos tributos a la altura de cualquier país africano. 

Según la Estrategia Nacional de Desarrollo, a estas alturas la presión tributaria debería superar el veintidós por ciento del PIB. Con todo y los retoques de la mini reforma llamada plan anticrisis y las mejoras en la administración, este año no alcanzará ni el quince por ciento. Una brecha muy grande, que no se resuelve con parches.

Por tanto, o la dirigencia política, social y empresarial se aboca a discutir y alcanzar a un pacto que conduzca a una reforma fiscal amplia, integral, gradual y progresiva; o en unos años, con indiferencia de quien gane elecciones, los impuestos que se recauden apenas alcanzarán para pagar los intereses. 

Óscar Medina