Estado de derecho bajo ataque
La política exterior "America First" pone en jaque al derecho internacional
Los estándares internacionales sobre los que se sustenta el estado de derecho, como las doctrinas jurídico-constitucionales y los principios sobre los que este se fundamenta parecen están bajo una agresión como no se había visto antes.
Los organismos multilaterales, los centros de investigación y las cortes especializadas, entre otros espacios democráticos, han sido objeto de ataques e intento por desconocerle su validez y los roles que juegan a partir de su creación tras los acuerdos a que arribaron las potencias occidentales post Segunda Guerra Mundial.
Desde que se instaló en el poder la actual administración republicana se implementó una política exterior de repliegue multilateral, una especie de tierra arrasada, y de priorización estricta de la soberanía nacional—enmarcada en la doctrina "America First"—, que se ha traducido en la salida formal o, en el menor de los casos, denunciando múltiples acuerdos, tratados y entidades internacionales.
Y lo hace Estados Unidos, el país que para muchos de los que vivimos bajo su esfera hegemónica sirvió de paradigma, a los fines de construir modelos semejantes en el continente, replicando instituciones, legislaciones y esquemas socioculturales. Una nueva visión ultraconservadora encamina sus esfuerzos por otros derroteros, que no solo se perciben en una política exterior caótica, sino en la creación de un ambiente inseguro para los aliados tradicionales y de choque existencial con otras visiones civilizatorias.
Ratificado originalmente por el Senado de Estados Unidos, la actual administración formalizó, en enero de 2025, su salida de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que mediante orden ejecutiva desvincula a ese país de las obligaciones globales de reducción de emisiones y de la arquitectura científica climática; a esa decisión siguió una retahíla de memorandos presidenciales en los que Estados Unidos cesó su participación y financiamiento de 66 entidades internacionales, de las cuales más de 30 pertenecen al sistema de la ONU y de otros órganos consultivos.
Entre los organismos de los que se excluyó se cuentan el de cooperación genero/salud, afectando ONU-Mujeres, agencia de desarrollo y fondos de población vinculados a la salud; la Comisión de Venecia (Consejo de Europa) como órgano consultivo especializado en derecho constitucional, democracia y protección del estado de derecho; asimismo, puso distancia a instancias científicas técnicas sobre cambio climático y biodiversidad, como el IPCC y la IPBES. Hay espacios de esos que cumplieron su ciclo, pero la forma no justifica el atropello.
El caso de los tribunales y las cortes internacionales son un capítulo aparte sobre el cual la opinión pública mundial se enteró con el reciente ataque directo a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), algunos de cuyos miembros han sido objeto no solo de insultos a sus personas por parte de Estados Unidos e Israel, sino de persecuciones. Se conoce la posición histórica que exhibe EE. UU. ante estos mecanismos rechazándolos por considerarlos poseedores de una autoridad supranacional.
Para los especialistas en política y derecho internacional, las andanadas plantean tensiones profundas hacia afuera y a lo interno de la sociedad norteamericana. Si se obvia el criterio de quienes analizan esta práctica con el prisma sesgado del cultismo a la personalidad, eso es relevante. Todo este entramado erosiona el estado de derecho, pues debilita el cumplimiento de las reglas del juego globales, genera inestabilidad en los pactos internacionales y merma la capacidad para la resolución pacífica de las disputas mediante tribunales legales.
Desde la óptica trumpista, seguir con esa política "fortalece el estado derecho interno"— lo que se desdice con los métodos como se aplica, por ejemplo, la política antinmigrante—, y se consolida "la democracia constitucional estadounidense". En la vida, los resultados son los que hablan y, de acuerdo con las encuestas, hay mucha inconformidad entres los ciudadanos norteamericanos de cara a las elecciones de medio tiempo del 3 de noviembre.

Rafael Núñez