Dangerous Liaisons

Recientemente, cuestioné la contratación privada de recogida de basura en un residencial por entender que representaría una duplicación de costos. Pero la propuesta consistía en suspender el contrato con la Alcaldía y sustituirlo por un servicio privado, tres veces más caro, pero con garantía de regularidad.

Grande fue mi sorpresa al enterarme de que era posible prescindir de los servicios públicos elementales. En mi esquema conceptual, el Estado es el responsable de todo lo concerniente al orden público: seguridad, justicia, finanzas, educación, salud, tránsito, y distribución de bienes y servicios básicos.

Sin embargo, bajo el sonado artilugio de las alianzas público-privadas (APP), el Estado dominicano ha ido delegando: seguridad y trasiegos fronterizos, puertos marítimos, impresión de documentos, votos y pasaportes, generación y distribución eléctrica, colocación de paneles solares, comunicaciones, revisión del parque vehicular, supervisión de parqueos y retiro con grúas, alquileres, hemodiálisis, comercio electrónico y otros.

El principal argumento es que un ente privado puede manejar estas actividades con mayor eficiencia y profesionalidad. ¿Cuáles servicios, entonces, debe y puede proveer el Estado?

Las APP no son novedad. Desde la antigua Roma los gobernantes construían infraestructuras otorgando concesiones. Las guerras del siglo XX destruyeron capital privado y, junto con el resurgimiento del populismo, responsabilizaron la iniciativa estatal de las obras estratégicas. Crecientes déficits públicos y sofisticaciones técnicas impulsaron las asociaciones privadas. Uno de los primeros proyectos fue el tren de alta velocidad de Holanda. Esto dista mucho de la revisión de faroles de vehículos en RD.

Ciertamente, la competencia promueve la eficiencia. Pero en mercados pequeños con autoridades regulatorias débiles suele resultar la colusión entre empresas, e incluso, con el regulador mismo. De esta manera, un monopolio público natural se convierte en varios negocios privados rentables, pero no necesariamente eficientes, ni competitivos internacionalmente. El costo de diversas empresas recogiendo deshechos geográficamente salteados es mayor al de un sistema centralizado recorriendo ordenadamente la ciudad.

En Japón, hay una política de ´make-work´ para evitar los males del desempleo ¿en RD será ´make-business´ para suplantar el emprendedurismo? Solo en el caso de requerimientos técnicos especializados o financiamientos enormes se justifican la APP. Irónicamente, mientras más funciones se delegan, más aumenta el empleo y el gasto público.

Estamos ante una crisis de legitimidad. Si el Estado delegara todo, las elecciones solo determinarían a cuáles allegados se les adjudicarán puestos públicos y negocios.

Por lo que parece, en RD hemos normalizado una especie de anarcocapitalismo (término prestado) que consagra todas las leyes como indicativas, sujetas a interpretación, de aplicación selectiva y de castigo relativo, además de estar hechas para otros, obviamente.

A nivel societal esto se traduce en un individualismo marcado, no por la creatividad innovadora y sistémicamente productiva que impulsa el desarrollo, si no por un egoísmo que deja sus externalidades negativas a la suerte ajena. ¿Acaso no es una rareza que alguien guarde su carrito de supermercado en vez de dejarlo obstaculizando al siguiente cliente? ¿Es normal bloquear la circulación de un estacionamiento esperando una plaza particular?

La pregunta pues, es: ¿tenemos un proyecto común, o es el país una jungla con algunas amenidades urbanas modernas? Porque la civilización exige la moderación del instinto de atropello individual y el desarrollo de un sueño de destino colaborativo que excede lo material.

Lejos de aportar modernidad, las APP injustificadas lo que están promoviendo es el desmantelamiento de las funciones centrales y perfectamente manejables por el Estado si aplicara algo de gerencia, responsabilización y voluntad política, cualidades igualmente necesarias para la regulación eficaz. Es decir, erosionando la función pública natural.

P.D. El residencial optó por contactar a la Alcaldía y reclamar. El servicio ha mejorado. 

Ellen Pérez Ducy

Economista Senior de Intelligent Economics Dominicana y Consultores Actuariales SRL.