Criterio de oportunidad y ejecuciones extrajudiciales

Con el silencio estatal, las ejecuciones extrajudiciales continúan indetenibles. Casi treinta en este mes que aún no termina. Más de ochenta en menos de dos meses. Vidas jóvenes, sobre todo, como las de los mellizos adolescentes acribillados en sus camas a las siete de la mañana. No en la calle, sino en sus camas y ante una abuela suplicante.

La semana pasada escribí sobre el silencio de la ministra de Interior y Policía Faride Raful; sobre su olvido de sus antiguos principios de justicia y de su condena a los asesinatos policiales. Pero no es solo ella. Es también la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, ataviada siempre para la pasarela de los medios. Adalid de una sola causa, la corrupción, sobre cuyos frutos hay más dudas que certezas.

Cuando en 2019 habló ante el Consejo Nacional de la Magistratura sobre su idoneidad como aspirante a jueza de la Suprema, afirmó: «He trabajado para combatir las ejecuciones extrajudiciales, por eso en mis decisiones se reflejarían fuertemente sanciones contra este tipo de decisiones».

No fue elegida por el CNM, pero agosto de 2020 le tenía reservada una procuraduría general adjunta. La persecución a presuntos corruptos peledeístas (todavía vale la presunción de inocencia) concentraría sus esfuerzos y borraría de su agenda los derechos humanos. Como a las de Faride Raful, a sus palabras se las llevó el viento.

En esto hay una paradoja que lastima. Mientras la Policía asesina a jóvenes marginales acusados de delincuencia, los delincuentes de cuello blanco se salvan de la cárcel (ni pensar que sus vidas corran peligro) mediante el llamado criterio de oportunidad aplicado por el Ministerio Público.

¿Cuánto habrán robado, si es que lo hicieron, los mellizos de dieciséis años Randy Omar y Omar Randy Borges?  Su abuela dice que los entregó a la Policía y que esta no los apresó porque no tenían antecedentes delictivos. Esto no los salvó de la muerte.

Mimilo Jiménez Collie fue imputado como autor y principal articulador civil de la supuesta red de corrupción administrativa en el Ministerio de Hacienda que habría robado al Estado 41,185 millones de pesos, una cifra que, muy posiblemente, los mellizos Borges no hubieran podido leer ni imaginar. Según el expediente del caso, su prontuario eriza los pelos.

Pero a Jiménez Collie, la entonces procuradora le ofreció convertirse de imputado en delatador y librarse de ser juzgado. A cambio, habría devuelto 715 millones de pesos de lo mucho robado. Pese a su principalía en el supuesto desfalco, fue sacado del proceso.

A diferencia de los mellizos Borges, que vivían en Mendoza, un sector de chiriperos, Jiménez Collie vive en una elegante torre capitalina y posee una hermosa mansión en la Ciudad Colonial, gracias a que, al  parecer, la justicia se quitó la venda para mirar anuente hacia donde el delito se celebra con champán.

Olvidemos el contraste por un momento. Leamos el artículo 24 de la Ley Orgánica del Ministerio Público sobre el principio de jerarquía: «Los miembros del Ministerio Público pueden impartir órdenes e instrucciones a la Policía u otros órganos de investigación, quienes deben cumplirlas sin poder calificar su fundamento, oportunidad o legalidad», dice en su parte final.

Vale preguntarse, entonces, si el silencio de Yeni Berenice Reynoso es complicidad por omisión o política compartida de matar solo a los pobres. Apuesto por lo último.

Clotilde Parra

Aspirante a opinadora, con más miedo que vergüenza.