Adolescentes embarazadas, impunidad total

Todo embarazo de una adolescente es, en esencia, un crimen. No siempre uno penal —sobre todo cuando el padre también es menor—, pero sí un delito moral y social: alguien falló, alguien abusó, alguien se benefició de la vulnerabilidad de una niña. En un país sensato, cada parto de una menor debería activar una investigación automática. No para criminalizar la pobreza, sino para proteger a quienes no pueden protegerse solas. Pero aquí no funciona así. La regla, lamentablemente, es la impunidad. Y por eso las cifras siguen siendo tan alarmantes.

Este 2025 se han registrado 11,961 embarazos en adolescentes, según la ONE. Son menos que en años anteriores —la tendencia es favorable—, pero siguen siendo miles de vidas marcadas por una maternidad prematura. Detrás de cada número hay una historia truncada: estudios interrumpidos, proyectos que se desvanecen, desigualdades que se hacen destino.

Las provincias fronterizas encabezan las tasas más altas, con porcentajes que superan el 23 % del total de embarazos. Y lo más grave: 609 niñas tenían menos de 15 años. Para ellas no hay discusión posible: hablamos de abuso. Punto.

Mientras tanto, el país celebra reducciones porcentuales que son importantes, sí, pero insuficientes. Porque mientras cada parto de adolescente no sea tratado como un signo de alarma —y no como una estadística inevitable—, seguiremos normalizando lo intolerable.

Diario Libre

Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.