De desorden en abuso
El gasoil subsidiado, un sistema de privilegios imposible de controlar
La discusión sobre controles al reparto del gasoil subsidiado parte de un equívoco elemental: resulta inútil exigir fiscalización rigurosa sobre un esquema cuya propia lógica es la discrecionalidad. No se puede controlar lo que, en esencia, no debería existir. Mientras el país habla de eficiencia, transparencia y disciplina fiscal, subsiste un régimen de privilegios que reparte millones de galones a grupos específicos sin criterios verificables, sin trazabilidad y sin una justificación económica que resista el más leve escrutinio.
Los números son reveladores: asignaciones desproporcionadas, beneficiarios históricos sin contraprestación clara y un sacrificio fiscal que, solo en transporte, supera miles de millones al año. Es un sistema que nació como paliativo y terminó convertido en renta, donde el subsidio dejó de ser herramienta social para transformarse en patrimonio de pocos.
Pretender que este mecanismo opere con controles estrictos es pedirle a un árbol torcido que crezca recto. La solución no es añadir capas de supervisión, sino asumir que el país no puede seguir financiando privilegios heredados ni estructuras anacrónicas que perpetúan inequidades.
Si de verdad se quiere ordenar, toca lo más simple y a la vez lo más difícil: desmontar el derroche. Suspender el subsidio tal como funciona hoy y reemplazarlo por políticas transparentes, focalizadas y medibles. Lo demás es maquillaje.
