El agua y lo que cuesta
No hay servicio público sostenible sin una tarifa mínimamente realista
Hay una alergia generalizada a los aumentos de precios, especialmente cuando se trata de servicios públicos. Se parte de un criterio tan extendido como equivocado: que, por ser públicos, deberían ser prácticamente regalados. Ese razonamiento, más emocional que económico, ha impedido durante años discutir con seriedad el tema de las tarifas y la sostenibilidad de los servicios esenciales.
El caso del agua es ilustrativo. La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) ha optado por actualizar sus tarifas únicamente para el sector industrial y comercial. Esas tarifas tenían lustros sin revisarse e, incluso con el ajuste, siguen siendo ridículamente bajas en comparación con el valor real del servicio que se presta.
De publicarse las cifras que pagan algunas empresas que utilizan el agua como materia prima esencial, no faltarían los gritos. Pero no por lo caro del servicio, sino -paradójicamente- por lo poco que se paga por un recurso estratégico, escaso y costoso de producir, potabilizar y distribuir.
No hay servicio público sostenible sin una tarifa mínimamente realista. El agua no cae del cielo ya lista para el consumo: requiere inversión, energía, mantenimiento y expansión de infraestructuras. Fingir que esos costos no existen puede ser popular, pero es una receta segura para el deterioro del servicio.
