El canciller Álvarez apagó el fuego
La relación con Washington implica cooperación, beneficios y también concesiones
La reacción inicial ante la decisión de República Dominicana de servir como punto de tránsito para deportados procedentes de Estados Unidos era inevitable. Asumir cargas ajenas en una región marcada por presiones migratorias crecientes y por la desigualdad en las relaciones de poder, cualquier acuerdo de esta naturaleza despierta legítimos recelos. Preocupaciones válidas porque nadie quiere extranjeros indeseables.
Por eso resultaban indispensables las explicaciones ofrecidas por el canciller Roberto Álvarez. Sus precisiones ayudan a colocar el tema en una dimensión más manejable y menos alarmista. Se trata, según afirmó, de un esquema estrictamente transitorio, sin permanencia prolongada de los deportados en territorio dominicano y con reubicación rápida hacia sus países de origen u otros destinos previamente definidos. Ninguno con antecedentes penales.
La cautela, sin embargo, sigue siendo necesaria. La memoria histórica aconseja prudencia.
Pero más allá de las garantías oficiales, conviene asumir la realidad geopolítica sin estridencias ni ingenuidades. República Dominicana vive dentro de la órbita estratégica de Estados Unidos. Negarlo sería absurdo.
La relación con Washington implica cooperación, beneficios y también concesiones. La verdadera discusión no es si podemos evitar toda presión externa, sino si el Estado dominicano posee la capacidad institucional y diplomática para administrar esas presiones sin comprometer su seguridad, su soberanía ni su estabilidad social.
