Diario LibreMás allá de las 48 horas
Preocupa la normalización de estas prácticas
La Constitución es clara: un detenido debe ser presentado ante un juez en un plazo máximo de 48 horas. Sin embargo, en algunos destacamentos dominicanos ese mandato parece convertirse en una simple recomendación. Hay ciudadanos que permanecen días, semanas y hasta más de un mes privados de libertad sin control judicial y, para colmo, cuando un tribunal ordena su liberación, tampoco salen de inmediato.
No se trata de un tecnicismo legal ni de un retraso administrativo. Es una vulneración directa de derechos fundamentales. La falta de vehículos, la burocracia o cualquier otra excusa no pueden justificar que el Estado incumpla la Constitución y mantenga a personas encerradas fuera de los plazos que la propia ley establece.
Lo más preocupante es la normalización de estas prácticas. Si un ciudadano puede ser detenido sin ser llevado ante un juez y permanecer semanas olvidado en un destacamento, la seguridad jurídica deja de ser una garantía para convertirse en un privilegio.
El Estado tiene la obligación de investigar quiénes permiten estas irregularidades y de sancionar a los responsables. Porque en una democracia, la libertad no puede depender de la disponibilidad de un vehículo ni de la velocidad de un trámite burocrático.
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