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Más de ochocientas mil fiscalizaciones no frenan la imprudencia vial

Según los datos oficiales, más de 834 mil motociclistas fueron fiscalizados en un solo año bajo el marco de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana. La cifra, en apariencia contundente, revela sin embargo una verdad incómoda: la magnitud del problema sigue desbordando la capacidad de control. Si más de 81 mil motocicletas fueron retenidas, no es difícil inferir que la infracción no es la excepción, sino la norma cotidiana en nuestras calles.

La motocicleta se ha convertido en símbolo de movilidad rápida, pero también de vulnerabilidad extrema. Basta recorrer cualquier avenida para constatar la reiteración de conductas de alto riesgo: cascos ausentes, maniobras temerarias, circulación indebida. La autoridad actúa, sí, pero lo hace frente a una cultura de irrespeto que parece resistir la sanción.

Aquí es donde la política pública debe dejar de ser meramente reactiva. No basta con fiscalizar: hay que endurecer. Incrementar la presencia efectiva de agentes, aplicar sanciones más severas y, sobre todo, garantizar su cumplimiento sin excepciones ni indulgencias. La impunidad, aunque sea ocasional, erosiona cualquier esfuerzo institucional.

La seguridad vial no puede seguir siendo una aspiración. Es una urgencia. Y como tal, requiere medidas más firmes, sostenidas y visibles. El costo de no hacerlo se mide en vidas.

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