Seguridad con garantías
El miedo ciudadano no desaparece con las estadísticas de homicidios
La seguridad ciudadana se mide por la reducción de los homicidios. Pero también cuenta la tranquilidad de quien regresa a casa, abre su negocio o camina por su barrio. Las estadísticas favorables merecen reconocimiento, pero no invalidan el miedo ni sustituyen la obligación de responder a sus causas.
El plan presentado por el Gobierno debe traducirse en prevención, patrullaje eficaz y una persecución penal que termine en condenas. Resulta inquietante que personas con varias órdenes de arresto continúen en libertad. Localizarlas es una responsabilidad del Estado, cuyo cumplimiento no debería depender de advertencias.
La firmeza, empero, exige límites. Las muertes atribuidas a intercambios de disparos reclaman investigaciones independientes, oportunas y transparentes. La versión policial no puede constituir, por sí sola, la conclusión de cada caso. Una institución que reclama confianza debe aceptar el escrutinio de sus actuaciones.
Tampoco conviene convertir crímenes resonantes en prueba de un deterioro general. Corresponde divulgar datos verificables, explicar cómo se recogen y distinguir los delitos denunciados de los que quedan fuera del registro.
La ciudadanía necesita resultados sostenidos, no exhibiciones de fuerza. El delincuente debe temer la certeza de ser detenido, procesado y sancionado. El ciudadano debe confiar en que la Policía lo protegerá y la justicia actuará. Esa diferencia define una política de seguridad compatible con la democracia y los derechos.
