Transparencia sin secretos
El peligro del silencio institucional ante las denuncias públicas
El presidente Luis Abinader ha llamado a denunciar los actos de corrupción, una exhortación necesaria, pero insuficiente si no viene acompañada de garantías concretas. El ciudadano que denuncia debe tener la certeza de que su información será investigada, sin importar quién resulte señalado ni cuáles sean sus vínculos políticos.
El Gobierno puede comprometerse a facilitar las investigaciones, pero corresponde al Ministerio Público determinar responsabilidades y llevar ante los tribunales los casos sustentados en pruebas. Esa independencia es indispensable. También lo es la transparencia.
No basta con recibir denuncias y anunciar investigaciones. La sociedad tiene derecho a conocer qué ocurrió con ellas, cuáles fueron archivadas y por qué, cuáles prosperaron y cuáles terminaron en los tribunales. Naturalmente, sin comprometer diligencias en curso ni vulnerar derechos fundamentales.
El Ministerio Público tiene una particular habilidad para convertirse en el secreto mejor guardado de la República cuando así lo quiere. Expedientes que desaparecen de la conversación pública, investigaciones de las que nunca vuelve a saberse y silencios que alimentan toda clase de sospechas.
La lucha contra la corrupción no puede depender de anuncios presidenciales ni de la discrecionalidad informativa de los fiscales. Necesita procedimientos verificables, rendición de cuentas y resultados conocidos.
Denunciar exige valor. Investigar exige independencia. Informar exige voluntad. Las tres cosas son indispensables para merecer la confianza ciudadana.
