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El dilema de los gobiernos

La ciudad de Santo Domingo amaneció, sorpresivamente, llena de patrullas policiales y militares que custodiaban puentes y avenidas. A media mañana se ofreció la explicación: se habían desplegado efectivos armados en prevención de protestas de choferes.

Pronto, las redes sociales se llenaron de quejas por la actitud del Gobierno de impedir el derecho a protestar.

Ese es el gran dilema de los gobiernos.

El Gobierno es el garante de la paz pública y de que se mantengan los servicios y el respeto a los derechos de todos, pero como en este país no todas las protestas son pacíficas, tiene que tomar medidas de prevención que, si no pasa nada, parecen excesivas.

El problema es que ninguna autoridad responsable puede darse el lujo de que le alteren el orden si ella tenía conocimiento de lo que se trataba.

Cada vez que se organizan protestas pacíficas, el Gobierno ha cumplido con su deber de proteger a los manifestantes y no molestarlos en el ejercicio de sus derechos. Pero no todas las protestas son civilizadas, y como dijo alguien, la libertad se sostiene en el orden.

Si todo fuese pacífico, no habría queja.

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