Fianza no; cárcel sí

Varias personalidades y organizaciones están solicitando a los jueces penales que no impongan garantías económicas a las personas que ejerzan violencia doméstica, sino que ordenen la prisión preventiva como medida de coerción.

Las razones son atendibles dada la naturaleza del hecho y la posibilidad de que se cometa un delito más grave contra las mujeres víctimas.

Al mismo tiempo, el período de coerción daría al inculpado un tiempo para la reflexión y para recibir ayuda especializada de parte de psicólogos y otros profesionales de la conducta, que puedan inducir a un cambio en el comportamiento criminal del sujeto.

Despacharlo para su casa con su delito todavía “caliente” es el equivalente a un premio que exacerbaría su intento vengativo contra la mujer que lo sometió a la “vergüenza” del procedimiento judicial.

Es evidente que sin una mayor colaboración de las autoridades judiciales será difícil erradicar la epidemia de abusos y muerte contra las mujeres. Los infractores tienen que estar conscientes de que las instituciones no están jugando cuando se trata de estas violaciones.

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