La tarjeta de vacunación

Desde el principio de la pandemia se discutió si la vacunación podía ser obligatoria, si el Estado tiene esa prerrogativa.

La medida que entrará en vigor el lunes 18 devuelve el tema a la actualidad. ¿Puede un gobierno, el Estado, imponer la obligatoriedad de la vacuna para ir a trabajar, utilizar un transporte público o entrar a un establecimiento comercial o a un cine? ¿Puede imponer tales restricciones sin haber declarado un estado de emergencia, en el que se le conceden más atribuciones, más poderes?

La discusión no se ha entablado solo en el país. En muchos otros puntos del planeta se suceden las confrontaciones, las protestas y los altercados. Entran en juego el derecho a la decisión individual y el derecho a la salud colectiva.

Queda además la duda de cómo se va a poder cumplir esta normativa. No parece muy factible el control que se pretende ejercer ni quién va a ejercerlo. ¿Unos ciudadanos vigilarán a otros? ¿Los comercios impedirán la entrada a sus clientes, los negocios privados negarán el acceso a sus empleados, el chofer de una voladora va a pedir la tarjeta? Aunque fuera legal, no parece realista.

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