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Un asunto de Estado

La Asociación Dominicana de Profesores perdió el pleito de opinión pública en el caso de la designación de los directores, por utilizar el método equivocado, es decir, el de siempre: interrumpir las actividades docentes.

Hoy van a dialogar con las autoridades del Ministerio y si no llevan otra actitud seguirán perdiendo aliados en la comunidad nacional.

La ADP no puede ser juez y parte en la educación. Es un sindicato, no es autoridad. Es parte importante de un proceso, pero no tiene título legal para regirlo.

Los administrativos que se han negado a entregar sus puestos pueden perderlo todo porque no son propietario de las posiciones, que, por definición, son pasajeras.

Lo que sí llama la atención es la ambivalente posición del PLD en el asunto, pues pareciera que el problema es más un asunto de partido que de Estado, en el cual pesa más lo electoral que lo institucional.

El Gobierno tiene la oportunidad de demostrar su coherencia en este caso. Si fracasa, no solo le habrá fallado al país, sino que habrá terminado su “revolución educativa”.

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