En directo-LA LEGITIMACIÓN SOCIAL DEL EMPRESARIADO

Un empresario individual se legitima socialmente cuando arriesga capital y esfuerzo para formar una empresa, pues para que la empresa funcione necesita contratar gente y, de esa manera, contribuye a disminuir el desempleo. Perderá legitimidad social si la mano de obra que contrata la somete a condiciones de trabajo y remuneración inhumanas o si su empresa contribuye a la degradación del medio ambiente. Lo mismo pasará si se dedica a evadir el pago de impuestos, pues se supone que éstos son para financiar al Estado y que éste pueda realizar las funciones que le corresponden en beneficio de toda la sociedad. También pierde legitimidad cuando se asocia con el poder político para obtener ventajas especiales a través de contratos, concesiones, decretos o leyes, que constituyen rentas extraídas a la sociedad a través de la corrupción. Si abusa de posición dominante en el mercado o si vende productos o servicios engañando a los consumidores, también pierde legitimidad social.

Lo que ocurre a nivel individual también debería ocurrirle al empresariado como conjunto. Si la gran mayoría de sus miembros se legitiman socialmente, uno supondría que lo mismo ocurriría con el conjunto. Esto, sin embargo, no es tan fácil lograrlo, porque los empresarios funcionan en el mercado compitiendo entre sí y siempre habrá quienes quieran competir con malas artes si nadie lo impide.

Para que la competencia sea limpia, el Estado debe jugar el rol de árbitro, mediante la creación y aplicación de regulaciones y leyes que la garanticen. El mismo papel debe jugar el Estado para evitar que los empresarios abusen de los consumidores. También corresponde al Estado hacer buen uso de los impuestos recibidos para no incentivar la evasión. Cuando el Estado realiza bien esas funciones, contribuye a la legitimación social del empresariado, pues evita que las malas prácticas de algunos afecte el prestigio del conjunto.

En nuestro país, el modelo político de corrupción y clientelismo conspira contra esa legitimación. El Estado no cumple con sus funciones de árbitro. Muchos de sus representantes se dedican a vender favores y tolerar pillerías a empresarios oportunistas que, por esa vía, logran ventajas económicas imposibles de conseguir compitiendo limpiamente. Hijos de ese modelo hay lamentablemente muchos empresarios y los hay grandes que se han beneficiado bastante del mismo. Esto ha afectado mucho la imagen de los empresarios, a quienes se tiende a ver como piratas, capaces de entrar en el más sucio de los juegos. Ello es una consecuencia del estado de impunidad absoluta en que se practica la corrupción y del sabotaje que ejerce el clientelismo a la función fiscalizadora del Estado, premiando a incapaces y deshonestos y dándoles pocos recursos a ministerios, organismos e instituciones responsables de ella.

Al crearse condiciones objetivas para que empresarios y políticos se aprovechen de la corrupción, de la impunidad y de las debilidades que el clientelismo le genera al propio Estado, están creadas las bases para el desprestigio del empresariado. Por tanto, para dicho grupo, luchar por un sistema judicial que sea capaz de castigar la corrupción es luchar por su legitimación social. No participar en esa batalla es no tener consciencia de clase.