175 años de Constitución

Este 6 de noviembre se conmemoró el 175 aniversario de la primera Constitución que organizó el Estado Dominicano en forma de república democrática. Al momento de proclamarse apenas habían transcurrido 8 meses de la independencia nacional.

Casi dos siglos y la Constitución en nosotros no pasa de ser un pedazo de papel que los gobernantes irrespetan de forma permanente. En todo este tiempo hemos sido incapaces de crear sólidas instituciones políticas y de desarrollar una cultura democrática en la profundidad y amplitud necesarias.

Nuestra historia constitucional empezó con un mal de origen. Mientras era eedactado el texto por los 32 constituyentes reunidos en San Cristóbal, Pedro Santana los rodea con el ejército, en el lugar donde sesionaban, y los obliga a incluir un nuevo artículo -el 210- que le otorga poderes dictatoriales.

Ya desde ese primer experimento se reveló lo que sería una constante en nuestra evolución constitucional: el marcado sesgo autoritario, salvo contadas excepciones como fueron las Constituciones de Moca en 1857, la de la Restauración en 1865 y la del Profesor Juan Bosch en el 1963.

La otra característica ha sido el permanente desencuentro de los principios e instituciones organizadas en el texto constitucional y la realidad política. Así, por ejemplo, en todas nuestras constituciones se consagra la división de poderes y la independencia de la Justicia y del Congreso, entre sí y frente al Poder Ejecutivo. Éstos, que son principios democráticos elementales nunca han tenido vigencia sostenida en el país. La Constitución, por tanto, ha sido siempre un ornamento que dictadores y caudillos y gobernantes entreguistas y corruptos utilizan para presentarse como demócratas cuando en realidad ni lo son ni creen en la democracia.

Un ejemplo reciente lo encontramos en la reforma constitucional de 2010, promovida a todo tambor desde el gobierno por Leonel Fernández, a la sazón presidente de la República. En esa Constitución, Leonel Fernández introdujo al Procurador General de la República –funcionario nombrado por él- como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, con lo cual el presidente adquiere una posición dominante en ese órgano que le permite en los hechos suprimir la independencia del Poder Judicial, tal y como ha sucedido en los procesos eleccionarios celebrados a partir de esa nueva constitución.

De igual modo, en esa reforma de 2010, Leonel Fernández, impulsó que en la Constitución se asumiera que el nuestro era un supuesto “Estado Social de Derecho”. Apenas unos meses después quedó evidenciado que se trataba de otra de sus “poses” políticas pues hizo una tenaz oposición a que se invirtiera el 4% del Producto Interno Bruto en el sistema educativo, como reclamaba una diversidad de sectores del país. Tampoco de nada ha servido el “Estado social de Derecho” para el derecho a la salud que se comporta como una mera mercancía del que disfruta quien puede pagar por ella. El derecho al trabajo no existe para los millones de desempleados o con empleos precarios. El derecho a la seguridad social solo beneficia a un limitado porcentaje. El derecho a una vivienda digna es una fantasía para millones de familias que viven en estado de marginalidad. El derecho a la seguridad pública es una quimera para todos los que a diario son víctimas de la delincuencia.

A propósito de este 175 aniversario de la Constitución, siempre es recurrente la pregunta de cómo es que los dominicanos podremos alguna vez construir una democracia decente, cimentada en instituciones creíbles y en la aplicación de la ley.

A pesar de que nadie puede decir que tiene la respuesta, lo que sí sabemos es que el liderazgo que nos ha gobernado en las últimas décadas y, particularmente, la cúpula peledeísta, en todas sus facciones, ni le anima ni tiene la más mínima posibilidad de enrumbar a este país por el camino de la democracia. Es un liderazgo que no cree en la pluralidad, más bien busca suprimir toda oposición política. No cree en la alternabilidad en el poder y por eso carece de escrúpulos para utilizar los poderes y recursos públicos para mantenerse en el poder y valerse de distintas formas de fraude electoral. Es un liderazgo medularmente corrupto que necesita la protección de la impunidad y por eso no puede permitir que se consoliden las instituciones ni el imperio de la ley.

Es más que evidente que el liderazgo peledeísta ni cree en la democracia, más bien le teme. Por tanto, la primera condición para hacer el necesario cambio democrático es barrerlo del poder y desmontar todo el andamiaje de corrupción, impunidad, complicidades y de privilegios que han articulado desde el Estado, durante casi 20 años.

Para ejecutar esta inmensa tarea se necesita que un nuevo liderazgo asuma la dirección del Estado con el carácter y determinación para enderezar el país del rumbo torcido que han impuesto estos malos gobiernos del peledé. Ese proceso tiene que pasar por la convocatoria de una Asamblea Constituyente, electa por voto popular, a fin de hacer un nuevo pacto social y político que nos sirva de guía en la construcción de un país justo, solidario, democrático, próspero y soberano.

Guillermo Moreno

Guillermo Moreno es abogado y político. Presidente de Alianza País.