2020, año decisivo

El 2020 podría ser decisivo, dependiendo de según y para qué. Ese condicional (puede que si, puede que no), alimenta las ilusiones de los seres humanos al comienzo de cada año.

Soñar es creer en que es posible transformar la realidad y en que cada cual tiene la oportunidad de convertirse en agente poderoso del cambio.

A escala nacional habrá, primero, elecciones municipales y luego, congresuales y presidenciales.

En el mundo de la política hay gente que siempre tiene un afán, ligado a la aspiración de mantenerse, llegar, o ejercer cuotas de poder.

Los más osados pondrán de relieve su perfil ante los candidatos con posibilidades de triunfo para hacerse notar, ser designados en los cargos que aspiran, poder convertirse en artífices de los cambios, si los hubiere; o en el caso de algunos, simplemente medrar a la sombra.

Los dominicanos tienen razones de peso para participar en las decisiones que modelarán su destino, pues está en juego el nivel de bienestar relativo de la comunidad, que podría mantenerse, degradarse o mejorar.

Hay aspectos vitales que deberían centrar la atención y las actuaciones de quienes gobiernen, legislen y juzguen.

La primerísima prioridad es crear una sólida institucionalidad. La esperanza de llevarla a cabo es lo que convierte a este año 2020 en decisivo.

Para poder concretar esa esperanza habrá que atreverse a cruzar el Rubicón; es decir, a dar el paso de consagrar, sin fisuras interpretativas, la alternabilidad presidencial y de castigar con dureza el uso de recursos públicos para hacer política grupal desde el poder.

Algunos argumentarán que ese discurso es algo así como ponerse a volar una chichigua en medio de una inmensa pradera; entretenerse en forma parecida a como lo hace un zángano.

Y piensan así porque el peso de la tradición autoritaria es de tal envergadura, que parecería iluso tratar de modificar patrones de conducta tan arraigados.

Pero no; hay que seguir creando conciencia, sin temor al cansancio, de que el camino del desarrollo está indisolublemente ligado al reforzamiento de las instituciones y al cumplimiento estricto de la ley.

Y, sobre todo, hay que tener el valor de actuar para que así se cumpla.

Sin ese paso tan necesario, la pobreza e ignorancia seguirán flagelando a la familia dominicana y el atraso seguirá marcando su destino.

La clase gobernante ha ido tejiendo el argumento de que el poder no se suelta, hay que arrebatarlo. Y algunos han querido elevar esa perorata inescrupulosa a la categoría de doctrina.

De ahí que se hayan tornado en adictos en comprar a “expertos” para que interpreten el ordenamiento jurídico mediante el expediente de retorcer y desnaturalizar sus entresijos. Y en comprar también a “comunicadores” para que cuenten lo que no es como si de verdad lo fuera, con el propósito de engañar a la ciudadanía y condicionar el estado de opinión pública.

La lubricación de ese maloliente entramado se logra con prebendas y con dinero del erario nacional.

El afán de permanencia en el poder cambia la naturaleza humana y deriva en la aplicación de políticas populistas que son causantes eficientes de la prolongación del atraso relativo de la sociedad y de la existencia de amplios núcleos de población en situación de pobreza. La caridad pública se disfraza como si proviniera de recursos propios del gobernante de turno, mientras que el empleo público se hace depender de la supeditación al carro partidario. Y los recursos del erario se confunden con los grupales.

Como muestra de la desconexión entre Estado y propósitos nacionales causada por la distorsión de la actividad política, bastaría con señalar los recientes resultados de las pruebas Pisa que miden el desconsolador estado del aprendizaje estudiantil y la triste situación de la escuela, afectada por la falta de vocación y calidad de parte de los docentes y por el desinterés de las autoridades en el aprendizaje de los alumnos.

La permanencia prolongada en el poder trastorna el orden institucional.

Eliminar para siempre esa amenaza devolvería al Estado su sentido. Forjaría la independencia del poder judicial, o de la Cámara de Cuentas, y devolvería al Congreso Nacional sus funciones de contrapeso del Ejecutivo.

Aparte de eso, podría avanzarse en la concreción de la suficiencia financiera de los municipios y en el traspaso gradual de responsabilidades a los cabildos, desprovistos de vida propia por la sombra inhibidora del poder central.

Si el cambio ha de llegar, tendría que serlo para asegurar la alternabilidad en el poder y consolidar la institucionalidad en todas sus vertientes.

Eduardo García Michel

Eduardo García Michel, mocano. Economista. Laboró en el BNV, Banco Central, Relaciones Exteriores. Fue miembro titular de la Junta Monetaria y profesor de la UASD. Socio fundador de Ecocaribe y Fundación Siglo 21. Autor de varios libros. Articulista.