Samaná, fin del oprobio

El pasado 9 de diciembre, el presidente Luis Abinader anunció: “El Gobierno dominicano ha llegado a un acuerdo amigable para la terminación del contrato de concesión de la Autopista de Samaná. Esa operación le generará al Estado y a todos ustedes un ahorro de aproximadamente US$1,500 millones de dólares”. Y agregó: “El Estado pagará la suma de US$410 millones de dólares para finalizar el contrato de concesión.  Ese monto, es aproximadamente, lo que habría que pagar por peaje sombra en los próximos cuatro años y cuatro meses”.

El país ha pagado a los concesionarios más de RD$26,000 millones y restaban por pagar alrededor de US$1,900 millones. Una locura. El acuerdo pone fin a ese oprobio. 

Satisface el alivio económico que se consigue, pero continúa clavada la espina de un contrato materializado en detrimento del interés colectivo. Es una lástima que una operación tan onerosa quede libre del escrutinio judicial. El daño permanece, aunque la carga se aligere. 

En su discurso el presidente también dijo: “Me satisface anunciarles que el Gobierno ha decidido, con efectividad al 1°de enero del 2022, reducir en promedio un 20% del costo   del trayecto comprendido desde la autopista Las Américas a Samaná, para beneficio de las comunidades aledañas y de la ciudadanía en general”.

Tanto el acuerdo como el anuncio de la reducción del peaje son buenas noticias que caen como bálsamo sobre la piel maltratada y sensible del colectivo nacional. Ambos merecen reconocimiento y aplauso. 

La rebaja en alrededor del 20% de la tarifa de la carretera a Samaná, y supongo que también a Las Terrenas, con todo y el alivio que representa, no corrige el trato asimétrico y dañino que recae sobre esa región en comparación con otras.

Crea, eso sí, condiciones propicias para solventarlo, ya que todos los peajes existentes quedarán bajo el control de instituciones públicas, lo que facilitará la ejecución de una política racional y justa sobre su sentido y manejo.  

En consecuencia, emerge la oportunidad de efectuar un rebalanceo de la tarifa de los peajes para otorgar un trato equitativo a las regiones; es decir, subir las que están muy por debajo de su costo y bajar las que están por encima, de acuerdo con un estudio a ser realizado con prontitud que pondere la amplitud y calidad de las vías y recomiende la implantación de un nuevo sistema. 

Los peajes constituyen una buena herramienta para recuperar los flujos avanzados porque los pagan quienes usan las obras en la proporción en que lo hacen. Y quienes no las utilizan, no son afectados. De manera que los conductores cubren aun sea una parte del costo de la inversión y del mantenimiento de las infraestructuras viales.

En el país, las únicas vías dignas de llamarse autopistas son las que conducen a Punta Cana (Coral) y la circunvalación de Santo Domingo. Ellas ameritan la imposición de una tarifa por kilómetro más alta. Por su parte, la arteria Duarte (Santo Domingo-Cibao) y Sánchez (Santo Domingo-Baní), son de mediana calidad. Mientras que la de Santo Domingo- Rincón Molenillos-Terrenas no sobrepasa el calificativo de carretera secundaria.

 Cada peaje debe ser establecido en función del costo real de la inversión (sin anomalías contractuales) y de la envergadura de la obra. Debe evitarse que regiones que compiten entre sí, verbigracia por atraer turismo o en la producción de bienes, sean lesionadas en sus aspiraciones por la existencia de tarifas desiguales, discordantes, que favorecen a unos y lesionan a otros. 

Y ese es el caso de las regiones de Bávaro-Punta Cana-Miches en contraste con Samaná-Las Terrenas. Ambas compiten en el mercado turístico y merecen un trato similar, sin sesgo en favor o en contra. El peaje Santo Domingo a Samaná-Las Terrenas tiene un costo muy superior al de Santo Domingo-Punta Cana, a pesar de que se trata de una vía de un solo carril de ida y otro de vuelta contra dos de ida y dos de vuelta.

Es evidente que existe una penalización que opera en contra de la región Samaná-Las Terrenas, que ahora, con la suscripción del acuerdo que pone fin a la concesión, las autoridades pueden enmendar, corregir, no solo aliviar. 

Es obligación del Estado proveer la infraestructura de calidad que requiere el proceso económico. Solo podrá hacerlo en la medida en que disponga de los recursos necesarios, impositivos o financieros, u otorgue concesiones en condiciones en que la iniciativa privada asuma los riesgos inherentes al desempeño de los negocios. En esa tesitura la participación privada es bienvenida y deseable.

Eduardo García Michel

Eduardo García Michel, mocano. Economista. Laboró en el BNV, Banco Central, Relaciones Exteriores. Fue miembro titular de la Junta Monetaria y profesor de la UASD. Socio fundador de Ecocaribe y Fundación Siglo 21. Autor de varios libros. Articulista.