Ahora sí, seguridad social digna

El pasado jueves 17 de marzo, 23 diputados depositaron en la secretaría de la Cámara de la Baja un proyecto de ley para la transformación de la ley 87-01, sobre Seguridad Social, que hace suyas las propuestas elaboradas por la Coalición por la Seguridad Social Digna, que agrupa una diversidad de sectores y organizaciones sociales del país.

Lo primero a destacar es que se trata de una propuesta para transformar integralmente el sistema de seguridad social de la ley 87-01 y no simplemente para “maquillar” esa ley. O dicho de modo directo: el proyecto de ley presentado persigue la desprivatización del actual sistema de seguridad social para su conversión en uno de carácter público. Se trata de recuperar el carácter integral de la seguridad social y de la salud como derechos fundamentales haciendo que el Estado cumpla con su obligación de garantizar la protección de esos derechos fundamentales.

En un documento elaborado por los sectores sociales y partidos políticos que participan en la mesa de seguridad social del Consejo Económico Social se sintetiza en 10 aspectos básicos el contenido del proyecto de ley de Seguridad Social Digna que me permito exponer de forma muy abreviada.

1.- SEGURIDAD SOCIAL SIN EXCLUSIONES. En el proyecto de ley se establece que todos los ciudadanos y ciudadanas dominicanos  y  los inmigrantes con estatus migratorio regular, tendrán el derecho a la protección de la seguridad social. En términos concretos esto se traduce en que las personas y familias tendrán derecho al registro en la seguridad social mediante un código único y personal debidamente validado y reconocido por los actores institucionales, y derecho a recibir la protección contra riesgos sociales y sus consecuencias que afecten su calidad de vida y capacidad productiva, en lo que respecta a la prevención, tratamiento, rehabilitación y reparación de su salud.

2.- FINANCIAMIENTO COMPARTIDO Y SOLIDARIO. Conforme la propuesta el sistema se financiará con contribuciones definidas para todos los trabajadores asalariados públicos y privados/as, incluidos los trabajadores por cuenta propia y los informales, y no dependerá de la capacidad individual.

3.- CREACION DE UN REAL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES Y ELIMINACION DE LAS AFP. A estos fines se crea el Instituto Dominicano de Pensiones, de carácter público, autónomo y altamente profesional, cuya única finalidad sea otorgar a toda la población una pensión justa, digna y suficiente, basada en el monto de la canasta familiar. A su vez, las personas podrán libremente tener ahorros individuales complementarios y voluntarios en entidades financieras o cooperativas con verdadera competencia y libre mercado.

4.- PENSIONES JUSTAS, DIGNAS, OPORTUNAS Y DE POR VIDA. Creación de un sistema de pensión universal, con beneficios definidos, garantizando al menos que sea igual al precio de la canasta familiar promedio, la que debe aumentar conforme el nivel de ingresos y los años de aportes, para aplicarse tanto a las pensiones por jubilación como en las pensiones por discapacidad y sobrevivencia. En la propuesta se destaca que el dinero acumulado en las cuentas de capitalización individual hasta la fecha es inembargable y propiedad exclusiva de cada afiliado/a, que podrá disponer de sus fondos para aportar al nuevo sistema o para lo que decida libremente.

5.- CARÁCTER UNIVERSAL E INTEGRAL DEL DERECHO A LA SALUD. Se elimina y prohíbe el establecimiento de toda forma de plan básico o catálogo de prestaciones de cualquier tipo, que limite la garantía y el goce pleno y efectivo de la protección del derecho a la salud integral.

Asimismo, queda prohibida toda segregación de la población en grupos de personas según modos o medios de aseguramiento.

6.- COBERTURA UNIVERSAL DEL SEGURO NACIONAL DE SALUD Y ELIMINACIÓN DE LAS ARS. El nuevo Seguro Nacional de Salud comprenderá todos los servicios, atenciones, intervenciones, procedimientos y medicamentos para la restauración de la salud y el tratamiento de las enfermedades en las dimensiones física, psicológica y mental; accidentes y enfermedades laborales u ocupacionales; la rehabilitación de las personas con cualquier tipo de discapacidad o enfermedades; provisión de ayudas técnicas y aditamentos para la movilidad y la vida diaria de las personas con discapacidad, la atención del embarazo, parto y puerperio y sus consecuencias; la prevención de discapacidades prevenibles y las atenciones médicas y tratamientos derivados de accidentes de tránsito.

7.- SEGURO NACIONAL DE DESEMPLEO. La Seguridad Social dispondrá del pago de un subsidio por desempleo o suspensión laboral por un setenta por ciento (70%) del salario mínimo nacional durante seis meses como máximo. Este subsidio por desempleo o suspensión laboral no sustituye al pago de las prestaciones laborales que la ley exige pagar a quien es desvinculado de su trabajo.

8.- INVERSIÓN DE LOS FONDOS PARA DAR SEGURIDAD SOCIAL Y GENERAR DESARROLLO: El Instituto Dominicano de Pensiones administrará e invertirá los recursos previsionales con el fin de lograr un sistema de pensiones con el nivel óptimo de rentabilidad económica, solidaridad social e impacto positivo en el desarrollo y bienestar nacional. Se priorizará la colocación de recursos en actividades que optimicen el impacto en la generación de empleos, construcción de viviendas, reconversión y ampliación energética, ciencia y tecnología, investigación y desarrollo, infraestructuras para el desarrollo integral y sostenible del país, actividades de desarrollo industrial y agropecuario, incluyendo inversión en actividades del cooperativismo, quedando prohibidas su inversión en actividades en el extranjero o en la especulación financiera. Su uso en deuda pública nacional deberá ser autorizado por el Congreso.

9.-DEFENSA Y PROTECCIÓN ABSOLUTA DE LAS CONQUISTAS LOGRADAS: El nuevo Sistema Nacional de Pensiones rescatará y preservará los derechos y beneficios establecidos mediante las leyes a sectores laborales como maestros, obreros de la construcción, servidores públicos, médicos, entre otros.

10.- RECTORÍA, DEFENSA DE LOS DERECHOS E INFORMACIÓN DE CARÁCTER PÚBLICO. En la propuesta se pone la dirección de la seguridad social a cargo de un consejo ministerial conformado por los de la Presidencia, Planificación, Economía y Desarrollo, de Salud, de Trabajo y Hacienda que le ponga fin a la actual rectoría fragmentada que diluye las responsabilidades del Estado y que permite que las instituciones de la seguridad social sean capturadas por intereses y grupos privados.

Con el depósito de este proyecto de ley se abre una nueva etapa en la legítima aspiración de ponerle fin al actual sistema privatizado, excluyente e injusto de seguridad social instaurado por la ley 87-01. Se trata de una bandera de lucha que hay que agitar y levantar para desatar la movilización social. Solo si las calles y las plazas se ponen en movimiento, si alzan su voz los trabajadores, si estalla el clamor ciudadano, es que se crearían condiciones para obligar a ese congreso a adoptar una ley que consagre una seguridad social digna. 

Guillermo Moreno

Guillermo Moreno es abogado y político. Presidente de Alianza País.