Código laboral, informalidad e inmigración indocumentada

La ley de seguridad social aprobada en 2001 constituyó un gran avance en materia social, económica y financiera.  En el proceso de discusión del proyecto de ley se planteó establecer una alta tasa de cotización a cargo de los empleadores, más del doble que la del trabajador, a cambio de aliviar las cargas del pasivo laboral (cesantía) para dar flexibilidad al mercado y eliminar su componente confiscatorio. Y también introducir un seguro de desempleo.

Al final no se hizo así, a pesar de que la medida se acordó en los cenáculos del poder. La ley se aprobó sin modificar el Código laboral, ni crear el seguro de desempleo. Prevaleció la vieja práctica de eludir el costo político, aunque el potencial del país quedara mediatizado. 

La consecuencia ha sido la expansión del mercado informal, la profundización de la desprotección social y el auge de la inmigración indocumentada.

Los empleadores contratan mano de obra haitiana no porque sea más barata que la dominicana, sino porque está libre del pago de las cotizaciones a la seguridad social y del cumplimiento de las normas laborales (cesantía), por ser parte del mercado informal y estar fuera de las regulaciones. 

Esa circunstancia permite a grupos de empleadores compensar las penalizaciones de políticas públicas de que son objeto (laboral, fiscal, cambiaria) y generar rentabilidad, al tiempo de que prevalece un vacío institucional y el país entra en un terreno conflictivo para la cohesión de la sociedad, con parte de su población huyendo al exterior por falta de oportunidades.

En concreto, por el lado de la demanda de mano de obra se han creado condiciones propicias para la llegada y permanencia de trabajadores indocumentados, mientras que por el lado de la oferta la situación de pobreza que impera en Haití convierte a su población en potenciales emigrantes indocumentados hacia la República Dominicana.

El efecto que tiene esta conjunción de fuerzas es el de estimular la conformación de un flujo creciente de inmigrantes haitianos que pone rumbo hacia el país y tiende a deprimir el salario en el mercado de trabajo por la presencia de abundante mano de obra irregular.

Este proceso se facilita por la existencia de una frontera porosa en que se comercializa y se cobra un peaje por dejar que indocumentados crucen la frontera (fallas en los mecanismos de control y de seguridad). Y por el incumplimiento de la relación 80/20 de trabajadores dominicanos por extranjeros contratados, que el Estado dominicano no se ocupa de hacer cumplir para beneplácito de empleadores y de indocumentados.

Hasta ahí lo dicho solo se refiere a las relaciones de trabajo y de producción, salarios y beneficios. 

Lo más grave es que se ha ido constituyendo una población numerosa de haitianos que ya ocupa porciones extensas del territorio, lo que da lugar a un proceso de desnacionalización creciente, puesto que su intención es permanecer en el país y aspirar a obtener derechos políticos en el futuro, sin que hayan sido autorizados a ingresar, ni muestren intención alguna de aceptar ni de asimilar los parámetros culturales dominicanos. 

Si el pueblo dominicano quisiera conservarse como nación soberana, con sus características propias, no tiene más remedio que empezar a cambiar, con urgencia, esta situación de tan alta peligrosidad.

Entre otras cosas es fundamental modificar, sin perjudicar los derechos adquiridos, los aspectos del Código de Trabajo que dan rigidez al mercado, para quitar a la cesantía su aspecto confiscatorio y limitarla en su relación con el tiempo trabajado. Esto permitiría impulsar el mercado formal, la protección social y la obtención de salarios dignos. 

Junto a lo anterior, es imprescindible controlar el ingreso de inmigrantes por la frontera y poner en vigencia la normativa del porcentaje 80/20 de dominicanos contratados con respecto a trabajadores extranjeros formales e informales. Esto implica el diseño de un plan lineal de desmonte de indocumentados contratados, así como establecer y aplicar sanciones fuertes a los empleadores que incumplan. 

Hay dos sectores productivos inmersos casi en su totalidad en la informalidad y en la contratación masiva de indocumentados, que requieren de atención especial: el agropecuario y la construcción. El cómo hacerlo es materia reservada a los gurús de la economía. El cuándo es materia de todos y significa ya, ahora.

En adición, habrá que diversificar las inversiones públicas para corregir el sesgo desproporcionado que existe en favor de las urbes y en contra del área rural. Y también institucionalizar los subsidios y canalizarlos por vía de la seguridad social (salud y pensiones).  

Eduardo García Michel

Eduardo García Michel, mocano. Economista. Laboró en el BNV, Banco Central, Relaciones Exteriores. Fue miembro titular de la Junta Monetaria y profesor de la UASD. Socio fundador de Ecocaribe y Fundación Siglo 21. Autor de varios libros. Articulista.