Gobierno de minoría

A raíz de la publicación, en esta columna, del artículo “Crisis de representatividad” (27.06.2022) he debido responder interrogantes e inquietudes, algunas de las cuales resulta importante compartir. 

La primera se refiere a mi afirmación de que la principal contradicción de la sociedad dominicana no es, como muchos creen, entre democracia y dictadura, sino de naturaleza económico social. 

Durante décadas ha sido un punto en común afirmar que desde la caída de Trujillo vivimos en una transición democrática. En esta visión la democracia es como si fuera un punto de llegada ideal al cual debemos “evolucionar”, cuando, en definitiva, en un país como la República Dominicana, la democracia no es tanto el fruto de las instituciones formuladas en la Constitución y las leyes, sino la resultante cotidiana de las fuerzas sociales que interactúan en la sociedad como reflejo de las reales relaciones de poder. 

Por eso es que afirmo en el referido artículo que “la llamada democracia representativa en la versión dominicana es lo que tiene que ser, en función de los intereses que predominan y dominan en ella y mientras esto se mantenga así, no podrá ser de otra manera.”

O dicho de otro modo, no es la amenaza de dictadura lo que está al acecho de las instituciones democráticas dominicanas, ni tampoco se puede hablar de que la insatisfacción permanente de la población con las instituciones democráticas y los representantes en los poderes se debe a que padezcamos de una especie de “raquitismo” democrático institucional. Como afirmaba en el artículo, las insuficiencias democráticas y el desprestigio permanente que desde la ciudadanía se les hace a las instituciones democráticas y a sus titulares, no provienen de que el texto constitucional sea defectuoso o del armazón legal que le da cobijo, ni del diseño institucional. Allí nos encontramos con un apreciable catálogo de derechos fundamentales y libertades y con un consomé de pesos y contrapesos que nos asimilan a las más avanzadas democracias”. Es más, en el país hemos tenido gente que ha hecho de la llamada democracia representativa una especie de “fetiche” creyendo que de lo que se trata es de ponerle cada vez más novedosos ornamentos institucionales y legales y es por eso que se mantienen al acecho de toda nueva institución o decisión jurisprudencial constitucional que conozcan de otro país, para de una vez generar una corriente de opinión para su adopción en el nuestro. 

Ahora bien, la calidad de la democracia poco tiene que ver con las indumentarias con las que se vista la constitución. Al final resultan letra muerta y muchas de las instituciones y derechos “democráticos”, en los hechos, simplemente reflejan las fuerzas sociales efectivamente representadas en los poderes del Estado con poder de participación y decisión real en ellos. 

La evolución democrática no depende, pues, de cuántas instituciones copiemos o imitemos, sino de la naturaleza de las fuerzas sociales que efectivamente están representadas en la dirección del Estado y con poder de decisión político. 

Sin lugar a dudas, los intereses que efectivamente están representados y predominan en los poderes públicos dominicanos son los corporativos de las élites económico-sociales, de los poderes fácticos, acompasados éstos con las cúpulas de los partidos tradicionales que han gobernado y gobiernan en el país en los últimos 60 años. Es esta madeja de intereses minoritarios los que tienen verdadero poder de decisión en el Estado Dominicano y es esta circunstancia la que desdibuja los poderes públicos, la calidad de la representación y de las instituciones democráticas en el país. 

Por eso, la verdadera crisis del sistema democrático en nuestro país y en la de muchos otros países radica en su falta de representatividad. Esto es muy fácil de comprobar. Solo hay que examinar los poderes del Estado. En cuál de ellos tienen efectiva representación los intereses de los sectores medios de la sociedad, de los trabajadores, de los productores agropecuarios, de las mipymes, de los profesionales, de los pequeños y medianos comerciantes, de las mujeres, de la juventud, de las personas envejecientes o con discapacidad, de las comunidades dominicanas residentes en el exterior, para solo mencionar los más relevantes. ¿No constituyen estos sectores por lo menos el 95 % de la población dominicana? ¿Qué democracia “representativa” es esta que excluye a la mayoría y es una minoría la que tiene efectivo poder de decisión? ¿Acaso su condición de dueños del capital y de los medios de producción les da preminencia en los poderes democráticos sobre los intereses soberanos de la ciudadanía? ¿Dónde lo dispone la Constitución que sirve de sustento a esta democracia? 

La crisis de representatividad no es pues otra cosa que el divorcio existente entre los poderes públicos, los representantes y las llamadas instituciones democráticas y la inmensa mayoría de los que no tienen representación ni voz en esas instituciones. 

Lo que más alimenta la crisis de representatividad es la cultura político electoral impuesta por los partidos que han gobernado en los últimos 60 años. En esta perspectiva, su mayor logro ha sido haber impuesto el clientelismo y el asistencialismo. Comprando lealtades políticas, por esta vía, al mismo tiempo deconstruyen los procesos de identidad y la comunidad de intereses de los diversos sectores sociales que integran la sociedad. Estos, en vez de organizarse junto a los suyos, se entregan a las promesas de estos comerciantes de la política, disgregándolos y atomizándolos en la lucha por sus derechos y legítimas aspiraciones. El resto de la historia es bien conocida: obtenida la representación toda promesa, todo compromiso se diluye o se ignora. Al final el llamado representante actúa en función de sus propios intereses, de los intereses de la cúpula de su partido y nunca en contra de los intereses corporativos de las élites y poderes fácticos. Al final tenemos órganos de poder que nada tienen que ver con los derechos, intereses y aspiraciones de las grandes mayorías del país. Por eso, la democracia representativa en países como los nuestros termina siendo una caricatura y propiciando gobiernos de minoría.

¿Por qué vía es posible reconstruir la identidad, agenda y unidad de los sectores excluidos del poder, para fundar la democracia en un gobierno de mayorías, en un gobierno popular? Ese tendrá que ser tema de un próximo artículo. 

Guillermo Moreno

Guillermo Moreno es abogado y político. Presidente de Alianza País.