La extinción de dominio

En el Congreso Nacional reposa, desde hace tiempo, el proyecto de ley de extinción de dominio. El Senado lo aprobó. A finales de la semana pasada la Cámara de Diputados le introdujo enmiendas, por lo que tendrá que ser conocido de nuevo en la cámara alta. 

El proyecto persigue disuadir tanto la práctica de la corrupción y apropiación ilegítima de fondos públicos, como las complejas operaciones del narcotráfico, pues ambas corroen y desestabilizan los cimientos de la sociedad. La pieza también contempla otros tipos de delitos de amplia tipología. En tal virtud se convierte en abarcadora, casi en ley de leyes. 

En este caso la disuasión opera mediante el castigo contundente de la expropiación de bienes de los acusados.

No escapa al entendimiento que por la amplitud del tipo de delitos contenidos en el proyecto de ley aprobado por el Senado y por la dilución de las garantías individuales que afectan el derecho de propiedad, podría convertirse en un arma letal y de doble filo. 

Alo ser así amerita de ponderación profunda y de reflexión serena para que la cura no resulte peor que la enfermedad y para no crear un monstruo del cual haya luego que arrepentirse. 

Hay un refrán que sugiere que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. No basta con desear lo bueno. Es necesario crear las condiciones para que la intención no quede desvirtuada por lo que vaya ocurriendo en la práctica.

De ahí que no debería soslayarse la preocupación de que un instrumento tan poderoso como este se aplicaría dentro de un entramado político y social que en materia institucional todavía no ha madurado lo suficiente, proclive al sectarismo, la represalia, y el uso del poder para aniquilar adversarios políticos y económicos. 

Conviene recordar que en esta tierra existió, y por largo tiempo, el dominio de los truculentos, antes de que se hablara de extinción de dominio. 

Eso y no otra cosa fueron las ventas forzosas de patrimonio privado a la familia gobernante y a los relacionados con el núcleo de poder, como ocurrió durante el gobierno de Trujillo. Familias como las de Juancito Rodríguez, y muchas más, fueron objeto del despojo de sus haberes porque esa fue la voluntad del “jefe”. La resistencia se pagaba con la cárcel, el exilio o la muerte.

Y esa fue la forma primaria de extinción de dominio: el derecho a la propiedad se extinguía por la fuerza criminal de quienes ostentaban el control del Estado y se apropiaban de los activos para su propio beneficio.

Lo distinto ahora es que la extinción de dominio se efectuaría en virtud de lo dispuesto en la ley, orientada a corregir males de amplio impacto que afectan el funcionamiento de la sociedad. Y eso comporta gran mérito. 

La debilidad que existe es que la institucionalidad todavía no se ha consolidado, ni existen garantías que eviten que poderes tan omnímodos puedan prestarse a utilización bastarda. 

En otras palabras, conceder tanto poder a instancias judiciales o no judiciales,  entraña riesgos elevados. No hay que olvidar los señalamientos sobre la personalidad del dominicano contenidos en la frase de “si quieres saber cómo es Mundito, dale un revolvito”. Si se lo das, Mundito se convierte en un ser arbitrario, amenazante, temible. 

Recuperar los bienes hurtados al Estado y aquellos originados en actividades que deterioran los cimientos de la sociedad, como el narcotráfico, constituyen una prioridad, pero no es aconsejable generalizar los delitos a los cuales la ley se aplicaría, ni tampoco deteriorar el andamiaje jurídico en que reposa el derecho a la propiedad. La solución nunca debe prestarse a llegar a ser peor que la enfermedad. 

Las opiniones de tantos juristas sobre este proyecto de ley, expresadas verbalmente y por escrito, deberían ser tenidas en cuenta por nuestros legisladores. 

A finales de la semana pasada en la Cámara de Diputados se introdujeron enmiendas al proyecto aprobado por el Senado. Ojalá que en su reintroducción del proyecto al Senado ayuden a una reflexión final y propicien el surgimiento de un acuerdo del cual emerja la pieza definitiva. 

Después de tantos esfuerzos por dotar al país de una legislación apropiada en esta materia, constituiría una decepción muy grande que una vez este proyecto sea convertido en ley termine siendo desestimado en la jurisdicción constitucional por incongruencias o vicios que pueden y deben ser corregidos en la instancia legislativa. Sería desalentador que sufriera la misma suerte que muchos expedientes judiciales, construidos “de buena fe”, que nunca pasan la prueba en los estrados. 

Eduardo García Michel

Eduardo García Michel, mocano. Economista. Laboró en el BNV, Banco Central, Relaciones Exteriores. Fue miembro titular de la Junta Monetaria y profesor de la UASD. Socio fundador de Ecocaribe y Fundación Siglo 21. Autor de varios libros. Articulista.