Transición o continuidad

Con el ascenso de Luis Abinader y del PRM al Gobierno se esperaba que, al haberle puesto fin a los gobiernos del peledé, se iniciara un nuevo ciclo político en el país. La expectativa de la mayoría de la gente que le votó en las elecciones del 5 de julio era que empezara la transición hacia el cambio prometido. Pasados dos años es mucha la gente que percibe que ese no es el rumbo que lleva el actual gobierno.  

Los últimos 60 años revelan las sucesivas oportunidades perdidas y que nos mantienen atrapados en una historia circular de la que parece no podemos escapar. 

En el 1963, con el golpe de Estado contra el gobierno constitucional del profesor Juan Bosch, se puso fin a la transición que se había iniciado para construir una sociedad democrática que terminara con los remanentes de la dictadura de Trujillo, ajusticiado apenas dos años y 4 meses atrás, el 30 de mayo de 1961. El pueblo dominicano escenificó su rebeldía y determinación y produjo un levantamiento guerrillero, una revolución armada, enfrentamiento de la invasión al país de más de 42 mil soldados norteamericanos. Pero al final nos impusieron al Dr. Joaquín Balaguer, precisamente quien gobernaba al momento del ajusticiamiento de Trujillo, con lo cual se enquistaron de nuevo muchos de los personajes y prácticas de esa dictadura y se cerró por más de una década toda posibilidad de transición democrática. 

De igual modo, con los triunfos sucesivos del PRD, en el 1978 y 1982, se inicia una nueva transición que debió ponerle término a los altos niveles de autoritarismo, persecución y asesinato político y de corrupción que caracterizaron los gobiernos del Dr. Joaquín Balaguer de 1966-1978. Y aunque hubo avances en materia de libertades y derechos políticos en los gobiernos del perredé, de nuevo perdimos la oportunidad de liquidar ese pasado, y estos gobiernos,  desdiciéndose de su propio discurso y compromiso histórico, le dieron continuidad a muchas prácticas, incluida la corrupción, la represión política, la adopción de políticas neoliberales que castigaron duramente al pueblo,  todo lo cual posibilitó, que en el 1986, el Dr. Joaquín Balaguer, que había salido ciego y hecho un cadáver político en el 1978, retornara al poder y gobernara  por 10 años más.   

Lo ocurrido en el 1996 es talvez la más grande traición sufrida por el pueblo dominicano. El peledé se construyó sobre la base de un discurso contra la corrupción de los gobiernos reformistas y perredeístas, de defensa de la soberanía nacional, propugnando por la liberación nacional, comprometido con la defensa del patrimonio público, los derechos económicos y sociales fundamentales y las libertades y derechos políticos.  Al ascender al poder en las elecciones de 1996, la cúpula peledeísta arrió todas sus banderas y sus 5 gobiernos se caracterizaron por la corrupción y la impunidad, secuestraron los poderes públicos, manejaron el presupuesto del Estado para reproducirse en el poder fomentando el clientelismo y asistencialismo, privatizaron bienes públicos,  regalaron prácticamente parte de nuestros recursos naturales, endeudaron el país y al más alto nivel de ese partido hubo quienes se aliaron y le dieron protección al narcotráfico. 

Es en ese contexto que una mayoría del pueblo dominicano, luego de las traiciones de unos y los retrocesos de otros, vota por el PRM y Luis Abinader bajo la promesa de que esta vez sí se producirá el cambio tantas veces prometido. 

Luego de dos años de gobierno mucha gente comienza a pensar que parece que estamos ante otra oportunidad perdida. Varias señales, en lo que lleva este gobierno alimentan esa percepción: Su tendencia manifiesta a gobernar para beneficio de una minoría oligárquica, la profundización de las políticas neoliberales, la ausencia de una política integral de lucha contra la corrupción y la impunidad, haber superado todo parámetro de endeudamiento público, su titubeante política ambiental y de defensa de nuestros recursos naturales; su timidez en impulsar un modelo de desarrollo productivo; su renuncia a impulsar políticas sociales fundamentales como la instauración de la atención primaria y un 4% para el sistema de salud pública y la transformación de la ley de seguridad social que le ponga fin a la apropiación de los ahorros de los trabajadores y empleadores por parte de las AFP y ARS; su falta de voluntad para adecentar el Estado transformando la policía nacional, eliminar las 54 instituciones públicas duplicadas y sin funciones y además permitir, a pesar de tener mayoría congresual que continúen aberraciones como el barrilito, el cofrecito y las exoneraciones para los legisladores, así como también permitir los  altos salarios de lujo de varias decenas de funcionarios del Estado. Todas las enumeradas y muchas otras, fueron promesas reiteradas de campaña y parte de las razones por las que la gente le favoreció con su voto.  

La percepción es que este gobierno ha quedado atrapado en un marasmo de improvisaciones y de promesas de obras puntuales, como una derivación de un exceso de presidencialismo. En ese contexto, la tendencia ha sido que las políticas públicas han pasado a un segundo plano, así como las funciones ministeriales, las que cada vez se harán más difusas, en la medida en que toda la ejecución presupuestaria vaya quedando subordinada, progresivamente, al proyecto reeleccionista. 

A este gobierno le quedan dos años de los 4 para los que fue elegido. En sus manos está recuperar la oportunidad de iniciar una transición hacia un cambio que toque la raíz de los graves problemas que nos afectan para dejar atrás el pesado lastre del peledé y sus gobiernos o contentarse con ser un gobierno que le dé continuidad, pasarle un barniz superficial, al modelo económico social y al régimen político de los gobiernos del peledé.

Guillermo Moreno

Guillermo Moreno es abogado y político. Presidente de Alianza País.