El semáforo está en rojo

Todos hemos tenido alguna premonición, esa sensación que nos alerta súbitamente de un evento. Se trata de una intuición no siempre certera que nace de miedos reprimidos. He presentido muchas veces el escenario de mi muerte: me veo fallecer en un accidente de vehículos o de un disparo por una discusión de tránsito. Obvio, este no es un cuadro fortuito cuando vives en la República Dominicana, el país de más muertes viales del mundo.

Resido en una comunidad suburbana. Es un proyecto de algo menos de veinte años. La carretera que pasa por el frente es una vía intermunicipal de rápido tráfico. A la salida, el Ayuntamiento instaló un semáforo al que la junta de vecinos sincronizó un sensor que se activa cuando las llantas de los vehículos pisan sus conexiones, entonces el semáforo cambia a verde por diez segundos; lean bien: ¡por diez segundos! Pero la impaciencia, que es el lenguaje emocional de la brutalidad, no cede y la mayoría de los circulantes prefiere seguir su marcha. El cambio a rojo no les sugiere nada. Es más, cuando el canibalismo bípedo que se mueve a ruedas lo nota, acelera intencionalmente. Y la actitud no es de bochorno, créanme, es de sádica provocación.

El pobre semáforo no sirve ni como factor disuasivo. Lo afrentoso es tener que advertirles a las visitas no residentes que no confíen en él, o, mejor dicho, que se cuiden de los neandertales que lo violan como rutina. Antes, desafiaba a estas bestias con sus propias armas, colocándome en el mismo medio de la carretera, pero ese era un juego muy temerario. Me hacían señales obscenas, vociferaban improperios o amenazaban con tirarme sus vehículos. Entonces comprendí que no merecía bajar a un nivel tan primitivo, que no éramos iguales. Tampoco era noble morir entre chatarra, sangre y pavimento por el arrebato de un bárbaro que no tiene el mínimo valor de la vida. Ahora aguardo pacientemente el mejor momento para cruzar, aun cuando el verde esté a mi favor. La selva me venció y lo acepto en nombre de la convivencia, un concepto cada vez más difuso para la comprensión racional.

Vivo al pendiente de las estadísticas globales sobre los accidentes de tránsito con la expectativa de que la República Dominicana haya dejado puestos de vergüenza en ese ranking, pero no he tenido tanta suerte. En los últimos cinco años el país se mantuvo entre los primeros veinte del mundo y ha encabezado las listas en dos ocasiones.

Como una noticia de páginas interiores, algunos diarios publicaron recientemente la información de que otra vez la República Dominicana ocupaba el primer lugar en la lista de países del mundo con mayor tasa de mortalidad en accidentes viales (2021-2022), según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La cifra aterra: 64 muertes por cada cien mil habitantes. Ese dato quizás adquiera una dimensión distinta si se compara con otros países, como Suiza, que es de apenas un 1.71 por cada cien mil habitantes o Haití, con 19.91. Las naciones que suelen encabezar la lista histórica en “siniestralidad vial” han sido en su mayoría estados malogrados de África como Zimbabwe, Liberia, Eritrea, Uganda, Burundi y Gambia; en la región compartimos honor con Venezuela (39.75 por cada cien mil habitantes). Por su parte, un reciente estudio del Programa Internacional de Evaluación de Carreteras (IRAP) reveló un dato escalofriante: que la probabilidad de accidentarse, con saldos de muerte o heridas graves en las tres principales carreteras troncales del país es de 78 % en el Corredor Sur; 74.4 % para la autopista Duarte y 40 % en la principal vía de la región este. En otras palabras: lo normal es accidentarse.

En sistemas ordenados de vida estos datos activarían alertas públicas; aquí se asumen como parte de la normalidad: condiciones impuestas por la convivencia cultural. No sé qué es más trágico: si la apatía que obvia esa realidad o el luto que arropa a tantos hogares.

El tránsito pone en juego todos los factores necesarios para reconocer el desarrollo de una sociedad: la obediencia a la ley, la prudencia, el respeto a los derechos ajenos, los estándares de organización colectiva, los hábitos y costumbres, la buena voluntad de los ciudadanos, entre otros. Un tránsito ordenado, sostenible y funcional habla muy claro del país. Es seguro que la mayor parte de los accidentes viales se producen por imprudencia o temeridad de conductores y peatones; basta considerar que, según las estadísticas, por cada diez accidentes en promedio seis involucran a una motocicleta. El problema se agrava cuando se estima que el 55.7 % del stock de vehículos registrados en la República Dominicana son motocicletas, para algo más de dos millones y medio de unidades. Una potencial catástrofe.

Parece paradójico, pero cuando a una zona rural le pavimentan sus caminos aumentan los accidentes de tránsito. Recientemente estuve en Pedro García, un distrito municipal situado en el costado de la cordillera Septentrional en la frontera provincial de Santiago y Puerto Plata. Algunos de sus vecinos me cuentan que con la rehabilitación de la carretera Gregorio Luperón los accidentes ocurridos en el cruce con su reacondicionada vía de acceso se han multiplicado por diez. Más del 90 % han sido por imprudencia en la conducción.

La red vial dominicana, con una longitud de 19,705 kilómetros, ocupa el quinto lugar en calidad de toda la región latinoamericana después de Chile, Panamá, México y Brasil. ¿Qué ganamos con autopistas y carreteras aptas para ser usadas por una masa dominante de analfabetas viales? El problema es serio y es de educación, lo que hace más remota cualquier solución.

Cada vez que un gobierno aborda el problema, lo hace apremiado por las estadísticas; entonces aparecen los operativos de multas, detenciones, incautaciones y las intenciones de modificar marcos legales. La espectacularidad se evapora con el tiempo y volvemos a recogernos en el silencio hasta que el balance de las nuevas muertes nos regresa al tema.

Este problema merece la atención que no ha tenido: la propia de una emergencia nacional. Ya no queremos ver incautaciones masivas de motocicletas por falta de documentos. La mala educación vial no es un problema de registro, es de autoridad. Tener una licencia no convierte a nadie en un conductor prudente. Debemos priorizar las soluciones: podemos regularizar la propiedad de todos los vehículos de la República Dominicana, pero eso no afectará los patrones de conducción y tránsito en las vías. Es un tema de comportamiento, y para eso están las multas (que deben ser elevadas), la educación y las condiciones de las vías. El semáforo, y no el de mi vecindad, está en rojo.

José Luis Taveras

Abogado, académico, ensayista, novelista y editor.