El eructo de la embajada americana

El pasado sábado 19 de noviembre la Embajada de los Estados Unidos publicó en su portal una nota vaga, confusa y tendenciosa. En ella advierte que “en los últimos meses los viajeros a la República Dominicana han reportado haber sido retrasados, detenidos o sujetos a un mayor interrogatorio en los puertos de entrada (…) basados en su color de piel”.  A pesar de que la misión diplomática no aporta datos que puedan probar un patrón operativo consistente, respetamos su derecho a informar a los ciudadanos estadounidenses, siempre que lo ejerza con apego a la verdad.

Lo que resulta extraño es atar esta advertencia a un cuadro separado de hechos. Así, la Embajada indica que “… en días recientes (…) agentes de Migración Dominicana (DGM) han llevado a cabo operaciones generalizadas destinadas a detener a aquellos que creen que son migrantes indocumentados, especialmente personas de ascendencia haitiana. En algunos casos, las autoridades no han respetado el estatus legal de estas personas en la República Dominicana o su nacionalidad”.

Las preguntas inquietan: ¿Cuál es la correlación causal entre un evento y otro? ¿Inferir una aparente confusión entre afroamericanos y haitianos indocumentados? ¿Establecer un trato discriminatorio para sus ciudadanos de color como el que a su parecer reciben los haitianos no documentados? ¿Es real su intención o es retórica diplomática? El color de piel no es razón suficiente para deducir la nacionalidad de inmigrantes, más cuando se trata de viajeros que llegan mayoritariamente por vía aérea provistos de sus pasaportes y con su propia identidad étnica-cultural. Asociar condiciones tan inconexas es restarle verosimilitud a la advertencia.

La imprecisión de esta nota suscita sospechas y no conspirativas. Una de ellas la propone el propio contexto, cuando precisamente la República Dominicana deporta a indocumentados haitianos por imperativos apremios de seguridad y para reducir la enorme presión local que causa la actual ingobernabilidad de Haití.

Con una sutileza punzante, el Departamento de Estado deja correr, a través de la Embajada, un relato errante frente a una situación potencialmente explosiva. Insinúa un comportamiento racista del Estado dominicano y usa como pretexto una causa aparentemente propia (la de sus ciudadanos) para censurar con ello la resolución de la República Dominicana en materia de deportaciones. Eso no es sensato, pertinente ni leal.

Como forma de no interferir (al menos retóricamente) en los asuntos internos del país, la Embajada americana lo hace por vía tangencial y con base en el peor argumento: el racismo. Invocar este oscuro motivo en el estado de crispación social que hoy vive Haití es inflamable y parece no tener otro objetivo que estrecharle el cerco al Estado dominicano para que detenga las proscripciones de indocumentados haitianos.

Podemos estar de acuerdo en estimar que las repatriaciones no responden a las deseadas condiciones de dignidad; que prevalecen indudables prejuicios históricos entre las dos naciones; que la valoración social del inmigrante ilegal es residual; que faltan marcos legales seguros y estables entre dos países divididos por el pasado, las costumbres y la cultura, pero sugerir que el Estado dominicano practica y promueve con sistematicidad y ex profeso una política de prejuicio racial es tan ignorante como irresponsable.

No tenemos una historia de crímenes ni tragedias de odio racial, ni hemos necesitado políticas o leyes apartheid para segregar la convivencia de un mismo conglomerado social; somos una sociedad fundada étnicamente sobre el mestizaje y el sincretismo; no contamos con mártires defendiendo derechos de minorías excluidas; ninguno de nuestros presidentes ha tenido que reconocer, como lo admitió recientemente Joe Biden, que el “racismo sistémico” de la sociedad americana resulta “corrosivo”, “destructivo” y “costoso”; tampoco hemos recibido ultimátum alguno para que el Estado dominicano “adopte medidas inmediatas y tangibles para eliminar el racismo estructural” como hace apenas cuatro meses lo requirió el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas con respecto a los Estados Unidos.

No sé si la Embajada de los Estados Unidos respira por la herida o transpira su culpa al reclamar un trato que su país ignora en su propio territorio con relación a los ciudadanos haitianos que aquí defiende. Y es que la organización Amnistía Internacional, en un reciente informe del 22 de septiembre de 2022 titulado “Tortura y otros malos tratos relacionados con la raza y la condición migratoria contra personas haitianas que buscan seguridad en los Estados Unidos”, emplaza a esa nación a cesar la detención arbitraria y los tratos discriminatorios que constituyen tortura basada en la raza en contra de los haitianos que piden asilo.

El informe, basado en entrevistas a veinticuatro personas haitianas expulsadas por las autoridades estadounidenses entre septiembre de 2021 y enero de 2022, muestra que sucesivos gobiernos intentan disuadir a haitianos de que pidan asilo en Estados Unidos “mediante diversas políticas concebidas para interceptarlas, detenerlas y expulsarlas, desde la década de 1970…”. Pide a los Estados Unidos “que aborden y desmantelen la discriminación racial sistémica y reconozcan que el racismo está enraizado en estructuras y prácticas que surgieron durante el colonialismo y la esclavitud”. “Las autoridades estadounidenses deben tomar medidas para reformar todas las instituciones, la legislación, las políticas y las prácticas que refuercen los estereotipos nocivos basados en la raza y la nacionalidad”, enfatiza el informe. Me pregunto ¿con cuál autoridad juzgar? ¿Con qué derecho reclamar? ¿Con qué valor insinuar?

El tema haitiano genera en ambos países fuertes pasiones. Vivimos un momento nublado por los prejuicios en el que a cualquiera le imputan un tatuaje ideológico. Los radicalismos de ambos lados estrechan las comprensiones racionales. A los que buscamos otras perspectivas nos acusan de ultranacionalistas o traidores progresistas, según la posición del juzgador. Y es que nos han empujado a mirar el relato en un solo tono: negro o blanco. Ese extremismo nocivo y virulento ha hecho perder el discernimiento para separar dos conceptos distintos, esos que la Embajada de los Estados Unidos induce a confundir: uno es el derecho a una política migratoria soberana y otro es el racismo.

Las repatriaciones responden a una situación de insostenibilidad social y económica para una República Dominicana agobiada por sus propios problemas; el racismo, a una visión cultural que no tiene mayor incidencia en las políticas migratorias del Estado dominicano porque, entre otras tantas razones, esto no es Estados Unidos. ¡Que se sepa!

José Luis Taveras

Abogado, académico, ensayista, novelista y editor.